El desastre ambiental provocado por el derrame de unos 6.000 barriles de petróleo en las costas de Ventanilla, Perú, requiere de un enorme esfuerzo para recuperar, en parte, todo lo dañado.
La catástrofe ya ha afectado a 21 playas y causó la muerte de diversas especies marinas, mientras crecen las preocupaciones por el impacto económico.
Las jornadas de limpieza en el mar teñido de negro son extensas y dificultosas. Pero además, son tareas que exponen a la toxicidad de los hidrocarburos.
La compañía española Repsol, responsable de la refinería La Pampilla, donde el pasado 15 de enero ocurrió el vertido en la provincia del Callao, no cuenta con el equipamiento ni el material humano suficiente para hacer frente a lo que le exige el Gobierno de Perú, que le dio 10 días para cumplir con todas las acciones de limpieza y descontaminación, plazo que ya ha vencido.
Por ello, la empresa ha contratado a firmas subsidiarias que toman personal temporario no especializado para esas labores, que además son de riesgo. Desde el Gobierno de Pedro Castillo se pusieron en alerta: el viernes, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que ha designado a un equipo de inspectores para verificar que se respete la salud y seguridad de los trabajadores contratados.
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Según denunciaron desde la ONG ambientalista Oceana Perú, los operarios están levantando la espuma y la arena afectada y la entierran en unos pozos cercanos a la orilla, con lo que, cuando la marea sube, el material contaminado vuelve a la superficie.
“No están limpiando, esto es cambiar de sitio los problemas. Es simplemente ocultar el daño que se ha hecho. Obviamente estas personas no saben y lo hacen así porque es lo que les han dicho que hagan. Pero realmente esto no tiene el menor sentido”, dijo Juan Carlos Rivero, director científico de la organización.
A ellos se suman voluntarios de la zona que, más allá de sus buenas intenciones, ponen en riesgo su salud por no contar con la protección adecuada. Y además, sin quererlo, reducen la carga que debería pesar sobre la empresa responsable del vertido tóxico.
Según informó el sitio peruano Salud con Lupa, buena parte de estos trabajadores subcontratados son pescadores de la zona que se vieron afectados por el desastre. Más allá de la poca paga que reciben por limpiar las playas, sus ingresos por la pesca, ya de por sí inestables, han caído a cero. Además, creen que el drama económico para ellos durará un largo tiempo.
Guillermo Francia, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón, calcula que de aquí a seis u ocho meses “el que salga a buscar no encontrará nada”. “El dolor que vamos a sentir todos los pescadores será grande”, señaló.
