Cuan poco se honra y se honro en la Cuarta Transformación de la República y en el neoliberalismo a la justicia, lo denotan las vejatorias obstrucciones del actual fiscal y de los anteriores procuradores generales de la republica que a cada paso cerraron el camino al resplandor que la justicia merece. México mira a la cara esa verdad. La verdad y la justicia no pueden entrar en el sacro y divino territorio mexicano, si no llevan la venia de la narco-política, como si esa verdad y esa justicia fueran mercadería de lujo , cuyo ingreso al país se trata de impedir con derrama de dólares a funcionarios de los tres poderes de la unión. La impartición de justicia esta vigilada y controlada mas severamente que las toneladas de drogas que circulan impune y protegidas por todos los Estados Unidos Mexicanos.
Las tasas políticas que impiden proveer y obtener justicia constituyen así, lisa y llanamente, un régimen de proteccionismo a la narco delincuencia, a fin de no perjudicar la muy floreciente producción nacional de injusticias.
Las normas dictadas en todos nuestros sagrados libros de leyes para luchar en contra de la corrupción derivada de la narco-política han sido todas desdeñadas, despreciadas, olvidadas, negadas y rechazadas. Todas ellas. Desde nuestra Constitución Política hasta las normativas vigentes contenidas en nuestro Código Penal Federal, todas han prescindido del Derecho con la excusa de una razón de estado, de una razón de seguridad nacional. Todos los políticos así como los ministriles del ámbito de procuración e impartición de justicia estúpidamente han insistido en que con ello se respetan los principios del Estado de Derecho.
Esa insistencia hipócrita, estulta, torpe e imbécil que se pretende de ese estado de derecho solo nos lleva a concluir y a afirmar que todo esta podrido y prostituido.
Los abogados pensantes, libres e independientes de esta nación nos limitamos a expresar que todo lo expuesto es un atentado contra la Carta de Carranza, que implica objetivamente la facilitación de la corrupción y de toda suerte de aberraciones, equivocaciones, extravíos, perversiones políticas y jurídicas que golpean en los bajos a las garantías y principios constitucionales. Son pocos los legisladores, políticos, jueces, magistrados, agentes del ministerio público, fiscales y gobernados que nos oponemos a ese México dominado por el poder de la narco-política.
Muchos de los funcionarios de la Cuarta Transformación de la Nación y del neoliberalismo han dado muestra de una exhibición de poder político que supera por mucho a nuestro poder jurídico y, sin duda alguna, piensan que se encuentran asistidos y protegidos por el derecho a delinquir de manera impune porque, es determinante el malpensar que se encuentran muy por encima de nuestras leyes.
Sin embargo, la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A.C., se encuentra muy segura de la justicia, de la Constitución Política, de las leyes secundarias y del rigor de sus argumentos y se ve obligada a insistir en que políticos y juristas de buena cepa deben desplegar la mayor diligencia para asegurar la mayor efectividad de la justicia que México anhela y merece.
Es cuanto
Lic. Alberto Woolrich Ortiz
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México A.C.
