Tenemos déficits democráticos en nuestras instituciones y la rendición de cuentas es uno de ellos. La transparencia de la función pública es consustancial a la democracia bajo la premisa de que la información sobre los asuntos del Estado es propiedad de los ciudadanos, en cuyo nombre y beneficio se ejerce el poder público. La calidad de una democracia se expresa cuando prevalece la transparencia y la rendición de cuentas sobre el secretismo gubernamental y las decisiones unipersonales alejadas de las miradas indiscretas de los ciudadanos. Estas prácticas son típicas de la Razón de Estado y de los “arcana imperii” que sostienen que la estructura institucional tiene una tendencia orgánica y natural para incrementar y consolidar su propio poder y que para alcanzar este objetivo usa todos los medios a su alcance sin importar la moral o el derecho. El “actuar en secreto” es un componente de la Razón de Estado que establece restricciones en las informaciones, y por lo tanto, o no se comunica o solo se informa parcialmente sobre ciertos datos de actos, hechos y noticias considerados estratégicos para la seguridad del Estado
La Razón de Estado históricamente ha presentado un aspecto interior, orientado a imponer la dominación del Estado sobre poblaciones y territorios bajo su soberanía para eliminar la anarquía por medio de la imposición de una idea de interés colectivo capaz de explicar la idoneidad de las estrategias adoptadas. Esta práctica también tiene un aspecto exterior, dirigido a aumentar su propio poder y disminuir los poderes ajenos por todos los medios posibles como la guerra o las alianzas fácticas. La Razón de Estado considera que para alcanzar sus fines, el Estado puede violar las normas morales y del derecho usando la fuerza cuando es necesario. Esto no significa que el mantenimiento del poder sea el único objetivo del Estado, sino que también tiene la finalidad explicita de incrementarlo. El Estado siempre buscará alcanzar aquellos objetivos que, de acuerdo con las diferentes condiciones históricas y las formas de gobierno imperantes, se establecen en momentos en que el poder del Estado se encuentra frente a peligros reales o ficticios.
La transparencia incomoda al poder, y mientras existan tentaciones autoritarias en quienes nos gobiernan se presentarán riesgos de retrocesos o contrarreformas en nombre de alguna forma de interés nacional. Ciertamente, algunos límites a la transparencia son necesarios, pero solo cuando son compatibles con la democracia y si los aplican órganos efectivamente independientes de aquellos que niegan la información que poseen. En estos momentos en México prevalecen inmensas invocaciones abusivas de causales de reserva por parte de organismos públicos reticentes al control social ciudadano. Es necesario que nuestras legislaciones de acceso a la información tengan causales acotadas de reserva y que los órganos e instituciones de la transparencia las garanticen a toda costa. Cuando la institucionalidad para garantizar estos derechos claudica, es débil o inexistente, se devalúan las democracias.
La causa de la transparencia habrá prevalecido en nuestro país solo cuando sea reconocida y defendida por las grandes mayorías ciudadanas. En este sentido, la apatía o desconocimiento de estos derechos no permite dar por concluida la batalla por la transparencia. Un gobierno abierto y un sistema político eficiente implican participación ciudadana, confianza pública y rendición inmediata de cuentas. México aún tiene el enorme reto de mejorar la disponibilidad de información sobre las actividades del gobierno para todos los ciudadanos, implementando los estándares más altos de integridad profesional en las administraciones y favoreciendo el acceso a nuevas tecnologías que faciliten la apertura y la rendición de cuentas. Para que esto suceda es necesaria una mayor y mejor conversación pública con los ciudadanos.
