El poder de compra de las familias mexicanas se reduce cada vez más, mientras el costo de la vida es cada vez más alto. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, a noviembre los sueldos contractuales tuvieron un incremento de 5.1 por ciento, pero con una inflación que llegó a 7.37, en realidad perdieron 2.27 por ciento de su poder adquisitivo. El salario mínimo ha subido 30 por ciento en lo que va del sexenio, de 2019 a 2021, y subirá otros 22 puntos porcentuales en 2022, pero todavía tiene dos particularidades negativas: aun así no logra adquirir lo mínimo indispensable y sus aumentos no tienen un efecto faro en el resto de las negociaciones salariales.
En contraposición, el precio que más contribuyó a la inflación tan alta que no veíamos desde hace dos décadas, es el de la electricidad que subió 24.16 por ciento en noviembre, entre otras razones porque en ese mes terminó el programa de tarifas de temporada cálida en varios estados, pero aun así el aumento es más que desmesurado.
¿Puede estar por terminar esa escalada? En la Secretaría de Gobernación, por fin iniciará el diálogo político con la oposición el 10 de enero con 7 mesas de trabajo, una de ellas sobre la iniciativa eléctrica que está ocasionando muchas polémicas desde octubre. Después de la cerrazón, la apertura. El partido en el gobierno sabe que no tiene los votos necesarios para pasar con sus aliados una reforma constitucional en el Congreso.
¿Es viable la reforma eléctrica? Uno de sus argumentos es que mientras un hogar paga 5.2 pesos por kilowatt-hora, a una tienda de conveniencia le cuesta 1.80 y a una industria panificadora o una cadena de tiendas de autoservicio 1.70.
El dato en realidad es más incorrecto que correcto. Los hogares que pagan 5.2 por kilowatt son los clasificados con la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), de acuerdo con datos de la propia CFE. El 90 por ciento de la población tiene tarifas de consumo residencial. En el consumo básico, cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora cuesta 0.875; en el intermedio, por cada uno de los 125 siguientes se paga 1.064 y cada excedente en 3.106 pesos.
¿Qué tan justo es comparar una tarifa residencial con una comercial? Si bien es cierto que todos deseamos pagar menos por la electricidad en nuestro hogar, también lo es que no queremos que se la suban a la fábrica o a la tienda porque eso significaría más aumento de precios en muchos productos que compramos, además de que esas empresas adquieren su electricidad al mayoreo.
Por otra parte, la propuesta de que la CFE mantenga como mínimo el 54 por ciento de la generación eléctrica, transformándola en un monopolio de facto y por lo tanto contrario a la innovación y la competitividad, es solo una parte de la gran preocupación. Otra es transformarla en un monopsonio, es decir, un comprador único capaz de imponer el precio y condiciones con que adquiera la energía generada con fuentes renovables y sustentables por medio de capitales privados. Eso sucedería en caso de desaparecer el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), como está planteado en la iniciativa.
La cancelación de permisos de generación y autoabasto, también desincentiva la inversión. ¿Qué sucederá con quienes mantienen páneles solares, preocupados por el medio ambiente? Esa figura legal llamada generación distribuida, a pequeña escala, es confusa en la iniciativa: por un lado establece la terminación de todos los contratos y formas de generación privada pero por otra dice que va a impulsarla.
Organismos internacionales y empresariales advierten que esas políticas afectarán más el ambiente de inversión y obstaculizarán la recuperación económica. Al menos ya hay apertura al diálogo.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
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