Por Pablo Basáñez García
La principal normatividad que en México rige la materia de coordinación metropolitana se encuentra contenida en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Dicha Ley se actualizó hace 5 años con la intención de fortalecer las capacidades institucionales de las actuales 74 zonas metropolitanas del país, mismas que involucran a 417 municipios y, en ellos, al 63 por ciento de la población del país.
Para analizar los impactos que esta Ley ha tenido y los retos y áreas de oportunidad que de ella se desprenden, a convocatoria de la SEDATU la semana pasada se reunieron representantes de las entidades federativas, participantes de la Red Nacional Metropolitana (RENAMET). De lo discutido surge una interrogante que me parece de primero orden: ¿qué papel juegan los municipios en la conformación de una verdadera gobernanza metropolitana?
A pesar de que los municipios de México vivieron una importante revitalización como ámbito de gobierno, especialmente a partir de la Reforma Constitucional de 1999 que les reconoció el carácter de gobierno y la capacidad de dictar su normatividad interna, dejando atrás un esquema en el que se comportaban más como órganos desconcentrados y/o de división territorial de las entidades federativas, su presencia en el entramado legal aún queda corta. Muestra de ello, observar que el Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene al Art. 115 de la Carta Magna, refiere “De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México”, sin mención a los municipios y alcaldías.
Revisar la legislación en materia de ordenamiento territorial es una buena oportunidad para poner énfasis en una de las reformas que bien tendrían el calado de ser parte de la llamada Reforma del Estado: La reforma municipal.
Dentro de una agenda para la Reforma del Estado es lo local y no lo federal lo que se encuentra en el centro. La dinámica municipal adquiere cada día más movilidad, tanto en la participación ciudadana, como en la obligada reacción de los gobiernos locales ante estas demandas, buscando nuevas estrategias para la gobernabilidad. La solución a una buena parte de los problemas nacionales debe surgir en lo local.
En el encuentro de la RENAMET mencionado, puede visualizarse un gran consenso sobre los municipios y en especial, sobre aquellos que se encuentran en las zonas metropolitanas: establecer que la coordinación metropolitana se de en forma vinculante (obligatoria) y no como actualmente, como una opción voluntaria.
En efecto, la asociación entre municipios para prestar en mejor forma los distintos servicios públicos hacia la ciudadanía, requieren esquemas innovadores, coparticipativos y que garanticen la eficiencia y la calidad de los servicios, así como la transparencia y eficacia administrativa y financiera.
Claro, nuestra tradición política ve cualquier intento de órganos supramunicipales como violaciones a la autonomía municipal. Ello, luego de que, previo a la Revolución Mexicana, el régimen porfirista tuviese una estructura de control político a través de las llamadas prefecturas, que constituyeron en la práctica autoridades intermedias, razón por la que hoy se encuentran expresamente prohibidas en nuestra Constitución.
Pero responder a los retos de lo local implica un proceso permanente que tienda a fortalecer cada vez más las capacidades del municipio para desarrollarse en lo económico, político y cultural.
El municipio mexicano está llamado a ser el eje articulador de la transformación nacional, bajo una nueva forma de gobernanza local.
La capacidad de asociarse entre sí, prevista en la Constitución, carece aún de instrumentos operativos y jurídicos claros. Esto debe llamarnos a configurar un nuevo diseño institucional que permita lograr alianzas público-privadas para el desarrollo municipal al darle facultades a los ayuntamientos para impulsar nuevos modelos productivos en el territorio nacional.
Esto implica instrumentar nuevos esquemas de prestación de servicios públicos a través de asociaciones público-privadas y la coordinación municipal en las zonas metropolitanas, permitiendo nuevos fondos financieros y esquemas por la concesión de servicios.
Esquemas de esta naturaleza se encuentran en la iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México, tema que se encuentra entre los pendientes de la legislatura federal; aun así, ya aproada (esperemos), deberá impulsarse en todo el país mediante una renovada legislación en materia de coordinación metropolitana que lleve a los municipios mexicanos a la ardua labor de recuperar la confianza, perdida por los ciudadanos ante la carencia de resultados y los nada gratos casos de excesos en el ejercicio del poder y falta de transparencia y rendición de cuentas.
Doctor en Administración Pública. Analista de temas municipales, de ciudad y gobernanza metropolitana.
