Tras una demanda interpuesta por la comunidad oaxaqueña de Unión Hidalgo por violaciones a la Ley sobre el Deber de Vigilancia de transnacionales de ese país. La empresa Energies Nouvelles Group Energía de Francia (EDF), responsable del proyecto eólico Gunaa Sicarú, en el Istmo de Tehuantepec, acudió a su primera audiencia ante una corte judicial de Francia.
Asimismo se presentaron a esta audiencia, la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, por sus siglas en inglés) por conducto de sus asesores legales.
Dicha demanda se interpuso en octubre de 2020, y busca determinar la responsabilidad de la empresa en abusos a los derechos humanos de esta población, convirtiéndose así en la primera acción legal de su tipo iniciada por una comunidad indígena de las Américas.
De acuerdo con organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, como Amnistía Internacional, la Ley sobre el deber de vigilancia de transnacionales de Francia obliga legalmente a las casas matrices y empresas contratistas de ese país “a identificar y evitar los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente resultantes no sólo de sus propias actividades, sino también de las de las empresas que controlan, así como de las actividades de sus subcontratistas y proveedores con que mantienen relaciones comerciales establecidas”.
Durante esta primer audiencia, representantes de Unión Hidalgo, ProDESC y el ECCHR, acompañadas por su aliado CCFD- Terre Solidare, presentaron los primeros elementos para que la justicia francesa se pronuncie por ordenar a EDF a que suspenda la implementación del proyecto que contempla más de 115 aerogeneradores; además, que restituya los daños hechos a esta pequeña comunidad oaxaqueña.
