La pandemia puso al descubierto las enormes desigualdades sociales que existen en la Ciudad de México, el reto es evitar que ellas se transformen en desigualdades políticas, es decir, que fomenten la persistencia de ciudadanos de primera y de segunda clase. Vivimos en un mundo de ciudades, lo que representa un cambio radical en la historia de la humanidad en la que lo urbano y la realización de lo que consideramos ciudad es un porvenir sin retorno. Las ciudades se han convertido en territorios y unidades colectivas que son centrales para la organización política, social y económica de las personas. En el futuro observaremos un universo de ciudades y nuevas relaciones de intercambio y colaboración, pero también nuevas formas de riesgo y vulnerabilidad. La vivienda, el espacio público y los derechos humanos se encadenan a un conjunto complejo de requerimientos sociales y a escenarios adversos producidos por la acumulación de contradicciones que expresan las ciudades a través de la pobreza, el deterioro ambiental y el declive de la calidad de vida urbana, lo que plantea la necesidad de hacer efectivo el derecho a la ciudad.
Este derecho se refiere a la lucha por el espacio público y es el soporte teórico para emprender la ruta hacia una vida digna para las personas en las ciudades con sus contrastantes realidades. El derecho a la ciudad es una respuesta innovadora a las transformaciones que convierten a las ciudades en el terreno de los avances tecnológicos y de los mestizajes culturales en el espacio territorial y vital de sus habitantes. Se estima que para el año 2050 el 70% de la población del planeta habitará en conglomerados urbanos, cifra que se incrementará al 90% para finales del siglo XXI. Este crecimiento tendrá severas consecuencias en la producción de bienes y servicios, la alimentación y la nutrición, así como en el abasto de agua, la educación, la salud y la calidad ambiental. Muchos escenarios son apocalípticos y consideran severas afectaciones en la vida de las ciudades lo que exige cambios urgentes.
El derecho a la ciudad refleja una contienda que rebasa lo conceptual, para colocarse en una perspectiva de futuro como instrumento de lucha social y política. Vivimos tiempos en los que la economía globalizada ha generado una nueva estructura de poderes y de distribución de los beneficios del desarrollo. Se han creado condiciones sociales, culturales, económicas y políticas que involucran una complejidad multifactorial. La primera Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad a través de su uso y usufructo pleno y equitativo, fundado en los principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. Nuestro máximo ordenamiento jurídico y político local sostiene que es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, así como la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación ciudadana.
El derecho a la ciudad no puede concebirse solamente como un simple derecho de visita o como un retorno a las ciudades tradicionales. Debe formularse -de acuerdo con el filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre- como un derecho a la vida urbana, transformada y renovada, que toma en consideración la compleja situación del presente urbano-territorial así como la función social de la ciudad en cuanto centro regional de impulso al desarrollo. Por ello, resulta necesario reconocer en modo definitivo, que la ciudadanización de las decisiones sobre el presente y el futuro de nuestras ciudades resulta inevitable.
