La crisis ambiental en México se extiende desde la década de los años setenta hasta nuestros días, y corresponden a las tres últimas décadas del siglo XX: en los años 70´s inicia la construcción de la idea de crisis –economía vs naturaleza–; en los 80´s la conciencia de una crisis ambiental es global; en los 90´s se busca una solución a la crisis ambiental que se vive, teniendo a la sustentabilidad como herramienta.
Durante los años 80´s y 90´s se constituye la política ambiental en México, siendo el inicio de una serie de reformas con una visión al mercado ambiental global, sin embargo, no se atendió de forma correcta la crisis ambiental que se vivía.
La era de la globalización trajo consigo la construcción de nuevas políticas que se regían por el paradigma de la sustentabilidad –interpretación construida por la acción económica y política vinculada a remediar y/o preservar el medio ambiente–. Todo ello con el objetivo de modificar o crear tendencias “socialmente responsable con el medio ambiente”, para ello, el entorno natural jugó el papel central, se reconocía a México como un país megadiverso, convirtiéndose en un factor económico supuestamente inagotable.
A lo largo del siglo XX, y con mayor fuerza en la segunda mitad, el determinismo científico que apoyaba una visión sustentable de la naturaleza venía debilitándose; en la primera mitad del siglo, fue la aparición de la teoría de la información y su comportamiento entrópico y estocástico, en la segunda mitad fue la teoría del caos. Se pasó de la idea del uso ilimitado de los recursos y de la energía, de la inexistencia de fronteras, a la idea de sustentabilidad y de concebir al planeta mismo como la última frontera; por ello, en realidad la globalización es una visión marcada por el signo de las restricciones, del riesgo y de la incertidumbre.
El siglo XX ha derruido totalmente la predictibilidad del futuro como extrapolación del presente y ha introducido incertidumbre sobre nuestro futuro. En la génesis de tres décadas de la construcción ambiental, nacen las primeras políticas con identidad propia. En la década de los setenta y hasta 1984, los principales instrumentos con que contaba el Estado eran dos: en el plano legal, la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental (1971); y en el aspecto de la gestión, la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente (1972-1976), la cual estaba insertada en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y finalizó como Subsecretaría de Ecología, a partir de 1983 se convirtió en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE.
El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 –correspondiente al sexenio de Miguel de la Madrid– incluyó por primera vez el tema ecológico como factor explícito en el desarrollo social y económico del país, se plantearon las primeras estrategias para evitar el crecimiento urbano, el uso adecuado de los recursos naturales y se promovió el uso de tecnologías eficientes.
Con ello, se abrió así una importante etapa en el desarrollo de la política ambiental mexicana al definir los diferentes ámbitos de responsabilidad pública, en 1988 se publica la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual, a pesar de posteriores modificaciones, ha sido el instrumento rector de la operación de la política ambiental hasta nuestros días.
Cambios que significaron una etapa de reformas institucionales en el que el Estado mexicano construyó sus capacidades de gestión para operar la política ambiental. Irónicamente, este periodo neoliberal, ha sido marcado como el único momento en el que se ha mantenido una iniciativa para ganar capacidades de gestión pública en materia ambiental. Desgraciadamente, la política ambiental que se había gestado arrastraba la ausencia de reglas objetivas de actuación, seriamente criticadas por la opinión pública que reclamaba el creciente deterioro ambiental. En consecuencia, privaba la confusión acerca de las responsabilidades y de mecanismos de acción.
Para ello, en la segunda mitad de esa década, y debido a la incertidumbre que imperaba en el sector ambiental, los esfuerzos de la política social se trasladan al campo, vivienda y urbanismo siendo ampliamente favorecidas. El campo se convertiría después en un eje de la política general del Estado, en la medida en que el crecimiento económico y el bienestar entraban de modo franco a una fase de retroceso histórico y aparecían las concepciones neoliberales como intento de superación del modelo económico proteccionista.
La política de vivienda se convertiría en parte fundamental de la política social y tendría a su cargo una estrategia de contención de fricciones políticas, compensación social y creación de redes clientelares, buscando restaurar el poder presidencial tradicional del sistema político mexicano. El periodo de los ochenta se caracteriza por la crisis ambiental mexicana: de la confusión de instrumentos a la construcción de normas, del ámbito de las respuestas por los daños a la salud, al campo activo de la política social y de la acción del poder presidencial para compensar una creciente debilidad en el cumplimiento de la justicia social.
Diseño político que generó diversos conflictos ambientales regionales, producto de un urbanismo desordenado, crecimiento poblacional sin control, deforestación –destrucción de ecosistemas completos–, cambio en el uso del suelo, pérdida de la biodiversidad, contaminación de cuerpos de agua, ríos y mares, industria altamente contaminante, entre otros. A la fecha, la crisis ambiental presente va en aumento, con diferentes impactos, desgraciadamente todos ellos de graves consecuencias.
Como ejemplo encontramos los mal llamados desastres naturales, debemos considerar que éste tipo de problemas son consecuencia de fenómenos naturales que no tienen nada que ver con lo social. En realidad, un desastre no ocurre si las personas no son vulnerables, desgraciadamente en las zonas consideradas de alto riesgo y que en su momento fueron motivadas a urbanizarse encontramos; marginación, discriminación y altos niveles de pobreza, lo cual acentúa más los conflictos generados, veamos lo sucedido en días pasados en el Cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla.
También las inundaciones de los últimos días, debido al desbordamiento de ríos –producto de la liberación de las presas– ha afectado a diversos centros poblacionales de Hidalgo, Puebla y Estado de México asentados en la ribera de estos ríos, como consecuencia de una mala planeación urbana, donde la capacidad de carga de la población y contaminación ha cobrado vidas humanas, y dejado serias afectaciones en la infraestructura y economía.
México debe adaptarse, ser resiliente tanto social como políticamente a la crisis ambiental que se vive, recordemos que el cambio climático provocará cambios importantes, de no estar preparados y detener las causa de los diversos conflictos ambientales que se viven, así como proponer nuevas leyes que atiendan la emergencia ambiental, nos alejaremos cada vez más del desarrollo sostenible soñado, de la equidad y justicia social.
