Los autos “chocolate”, como se conocen en México son los vehículos irregulares que provienen de Estados Unidos, controversia que se ha reavivado con el anuncio del Gobierno de regularizarse en un posible intento de recaudar más impuestos ante la oposición de la industria.

La controversia resurgió a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo mes comenzará la regularización de estos vehículos en Baja California para después extenderlo al resto de los estados del norte.

“Hacer una regularización ha sido un tema políticamente rentable, hay muchas organizaciones que giran alrededor de eso y es supuestamente una acción que beneficia a gente de menores recursos”, indicó el economista Eliseo Díaz, del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

Cabe mencionar que previo a la pandemia, Morena solicitó en el Congreso regular estos autos para recaudar 50,000 millones de pesos adicionales por los 18 millones de vehículos irregulares que estimó entonces que hay en México.

Estos vehículos son introducidos al país por migrantes mexicanos en Estados Unidos y habitantes de la frontera por ser más económicos, pero también hay grupos que se dedican a ello y delincuentes que aprovechan su irregularidad para cometer crímenes, expuso el profesor Díaz.

“Está el problema de que se volvió un negocio la importación de estos autos, que no pueden circular en México, entonces hay un mercado paralelo, ilegal, en donde se venden con organizaciones que emplacan (colocan matrículas) de forma irregular”, advirtió.

En este contexto, López Obrador justificó la necesidad de regularlos para “tener control” por razones de “seguridad”.

Ya que, “Hay mucha gente que no tiene, no le alcanza para tener un carro nuevo, de agencia, y pues con estos carros se mueven en la ciudad, llevan a sus hijos a la escuela y es un medio necesario”.