Rubén Aguilar Valenzuela
Los presidentes del PAN, PRI y PRD han hecho declaraciones fuertes y podría considerarse que también inéditas a propósito de la intervención del crimen organizado en el proceso electoral de junio de 2021.
El pasado 23 de agosto, en el marco de su visita a Washington, para entregar en la OEA y la CIDH una denuncia sólida y bien documentada contra la acción del crimen en las elecciones fijaron su posición ante el tema.
Jesús Zambrano, el presidente del PRD, asegura que “el crimen organizado está metido de lleno en los procesos electorales” y que esto ocurre “con la complacencia y el agradecimiento público del gobierno”.
Añade que la estrategia de la actual administración federal “de ‘abrazos y no balazos’ no va bien” y que en la elección se vio como el crimen organizado “apoyó a unos candidatos y amenazó a otros”
El presidente del PAN, Marko Cortés, afirma que en junio “enfrentamos una elección con la intervención de grupos criminales, amedrentando, amenazando, persiguiendo, secuestrando, golpeando y hasta matando a muchos de nuestros candidatos y líderes políticos”.
“La violencia electoral no puede estar presente y amenazarnos. Nos conduce a una participación que no es equitativa, vulnera la democracia y nos conduce al autoritarismo”, sostiene Alejandro Moreno, presidente del PRI.
Los dirigentes de los partidos de la alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) consideran que nunca en la historia del país se había visto tanta injerencia del crimen organizado. La estiman como histórica.
Plantean que si desde ahora las distintas instancias del Estado no actúan, la intervención en las elecciones de 2024 será todavía mayor. Y seguramente también en los estados donde en 2022 habrá comicios, para gobernador.
Dirigentes políticos de la oposición y también especialistas en temas electorales y en el comportamiento del crimen organizado, sugieren, no lo afirman de manera contundente, que algunos triunfos de Morena se explican por el apoyo que recibieron de grupos criminales.
Hacen referencia de manera específica a los resultados de Michoacán y Guerrero, pero también, a los cinco estados del Golfo de Cortés; Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. En estos siete estados la presencia del crimen organizado es muy evidente.
El gobierno, los partidos, el órgano electoral federal y los órganos electorales estatales, con el apoyo de la academia, por el bien del país, pero también de ellos mismos, están obligados a realizar investigaciones que muestren lo que ocurrió en las pasadas elecciones de junio.
No hacerlo es dejar abierto el espacio público a todo tipo de especulaciones, pero sobre todo manda el mensaje al crimen organizado que puede intervenir en el proceso electoral, apoyando a los candidatos y partidos que quieran, sin que pase nada.
Twitter: @RubenAguilar
