Pasan las semanas y se acumulan pruebas de la intervención
del crimen organizado en las pasadas elecciones de junio y se
registra como distinto, a procesos anteriores, que el mismo
día de los comicios algunos candidatos fueron amenazados en
distintas zonas del país.
De septiembre de 2020 a junio de 2021, las fechas que
comprende la totalidad de la contienda, se registraron 910
hechos de violencia cantidad mayor a los que ocurrieron en
2018, que ya se contaba como la elección más violenta en la
historia del país. Los asesinatos fueron 150.
El lunes 23 de agosto, los presidentes del PAN, PRI y PRD
estuvieron en Washington, para denunciar la intromisión del
crimen organizado en el proceso electoral de este año en
México.
Primero visitaron a Luis Almagro, secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), y después a
Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Les hicieron entrega de un documento de 57 páginas donde
se afirma, entre otras cosas, que la intromisión del crimen
organizado no solo sucedió a lo largo de los meses de las
campañas sino el mismo día de la elección.
El documento registra hechos probados de la intervención del
crimen organizado en Michoacán, Guerrero, Estado de México,
Sinaloa, Veracruz, Guanajuato y San Luis Potosí, entre otros
estados.
El documento plantea que “el crimen organizado apoyó,
impuso, reprobó y asesinó aspirantes en la mayor parte del
país” y reconoce que se ofrece una relación de hechos todavía
incompleta.
Los dirigentes de los partidos plantean la necesidad de seguir
reuniendo información y solicitan a Almagro, que la OEA
nombre una comisión especial, para investigar sobre la
intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones.
La denuncia es relevante porque pone sobre la mesa de la
discusión la realidad probada del crimen organizado en los
procesos electorales, en el pasado la actitud del gobierno y
los partidos ha sido ignorarla.
De manera abierta y contundente la oposición ahora acepta
que el problema está ahí, que es grave y deben tomarse
medidas con carácter de urgente. El gobierno continúa en la
negación.
Es evidente que con el paso de los días se seguirán
acumulando evidencias. Las formas de intervención fueron
múltiples y apuntan a que Morena fue el partido más
favorecido. Hay muchas preguntas sin resolver.
El Estado mexicano se enfrenta a un problema de Seguridad
Nacional, que requiere que el gobierno, los actores políticos y
la sociedad se decidan a actuar. La democracia está
amenazada.
La actitud no puede ser dejar hacer al crimen organizado que
ha sido la estrategia que presume el presidente López
Obrador. De ser así, lo que sigue es que los delincuentes
controlen cada vez más tramos del proceso electoral en
distintas regiones del país.
Twitter: @RubenAguilar
