Continuamente se ha denunciado el desabasto de tratamientos oncológicos en hospitales del sector salud por parte de padres de niños con este tipo de padecimientos, quienes al inicio de año pasado exhibieron dichas carencias.
En ese sentido, a lo largo de estos más de dos años comenzaron a surgir organizaciones de familias que se han visto afectadas, las cuales se han reunido en al menos una veintena de ocasiones con funcionarios de la actual administración, no obstante el problema no sólo persiste sino que no se han determinado las directrices concretas con las cuales enfrentar el problema.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido minimizando sistemáticamente el problema y ha dado “largas” a la llegada de los medicamentos que, supuestamente, deberían haber sido distribuidos desde mediados de junio pasado de acuerdo con los compromisos adquiridos.
Por estas razones, la manifestaciones por parte de os padres de familia de estos niños se siguen presentando con el fin de levantar la voz ante esta triste situación, aunque el gobierno federal y de los diferentes estados sigue tratando de minimizar la noticia. Recordemos que el Subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López Gatell, dijo en entrevista televisiva que no existía tal desabasto, que es parte de un intento de desinformación y culpó a funcionarios de oposición de politizar el asunto, además de llamar a los padres y madres afectados como grupos fomentados y fabricados, parte de una derecha golpista conectados a un movimiento regionalizado de desprestigio a las izquierdas.
Si bien el presidente reconoció en su momento que sí existe un desabasto de medicamentos durante una de sus tan afamadas “mañaneras”, la realidad es que es preocupante la falta de empatía e insensibilidad por parte de las autoridades así como la incapacidad administrativa de satisfacer la urgencia de las poblaciones más vulnerables.
Las declaraciones hasta la fecha por el subsecretario nos reafirman el cambio de rumbo en su narrativa, la cual fue la de ser las de un científico especialista a la de un partidario expuesto a los designios del movimiento de la 4T y su líder ideológico y político.
Las acusaciones “conspirativas” forman parte de una narrativa que se niega a aceptar las deficiencias administrativas y operativas de los proyectos de gobierno que quisieron eliminar de tajo el problema de la corrupción en la adquisición de medicamentos y prestación de servicios de salud, centralizando recursos y servicios sin verdaderamente comprender la magnitud, alcances ni requisitos necesarios para adquirir las claves de los tratamientos no sólo oncológicos sino de muchos otros padecimientos.
La desacreditación a la industria farmacéutica nacional e internacional se convirtió en una estrategia de política pública fallida, la cual desafortunadamente se tradujo en la pérdida de vidas humanas sumando las que ya lleva la pandemia por el COVID-19 y su nueva cepa. Han sido tres años de inoperancia, incompetencia, imprudencia y peor aún, desinterés, para estos grupos vulnerables como los son la infancia y personas con enfermedades crónicas.
Desde el inicio del mandato del presidente López Obrador, se advirtió que el combate a los monopolios en la industria no se combate con la centralización sino con una mayor oferta como un contrapeso natural a los costos de medicamentos en este caso. Este es el resultado de la ausencia de un “plan B” desde una perspectiva de lucha contra la corrupción en la que no implica desmantelar las redes de producción y distribución.
Son tres años de un problema bien definido del cual no se tiene una respuesta clara, parte de un régimen del que se saben sus deficiencias y más importante aún, del cual la realidad social ha obligado a que reconozcan sus carencias morales y deficiencias gubernamentales.
