Hablar de agua, sea en la Región Lagunera o en cualquier parte del país, es hablar, tal vez, del recurso más importante, pues de ella depende el futuro de los asentamientos humanos, su desarrollo o declive.
En La Laguna los niveles del manto freático han alcanzado niveles muy bajos, por lo que el agua que se bombea para consumo humano, se encuentra contaminada con metales pesados que ponen en riesgo la salud y la vida.
El mega proyecto del gobierno federal, denominado “Agua saludable para La Laguna”, consistente en tomar agua de la presa, potabilizarla y distribuirla mediante la red hidráulica existente en varios municipios, ha encontrado algunos obstáculos.
El primero es el de los productores del sector social, que verían disminuida la cantidad de agua que reciben para sus parcelas.
El segundo y tal vez el de mayor trascendencia, el impacto ambiental en los humedales del Cañon de Fernández.
Ante tal situación, el presidente de la Republica se reunió con 38 actores en un ánimo de escuchar sus planteamientos.
No está de más asentar que éste tipo de reuniones se deben realizar antes de lanzar públicamente un proyecto y no después, lo que muestra las consecuencias de no seguir la metodología establecida para la formulación de planes y programas gubernamentales.
Lo verdaderamente esencial en la reunión, es la diferencia entre escuchar y consensuar, por lo que los actores invitados debieron tener en cuenta lo siguiente:
-Amlo ha descalificado previamente a quienes han manifestado no estar de acuerdo con el proyecto.
-Amlo se autodefine como “terco” y es bien sabido que no escucha a sus asesores, secretarios de estado, amigos y mucho menos a sus adversarios, imponiendo siempre su punto de vista.
-Amlo advirtió con antelación, que, si no se está de acuerdo con el proyecto, se lleva su dinero a otro lado.
Ello implica cuando menos tres escenarios que se debe plantear la sociedad civil:
1.- Amlo los escucha, pero amenaza con llevarse la inversión de 10 mil millones de pesos a otra región, lo cual, de concretarse, los colocará ante la opinión pública como los villanos.
2.- La necesaria socialización del proyecto por parte de los actores, cosa que no ha hecho el gobierno federal, para dejar en claro a la sociedad cuáles son los aspectos positivos, los negativos y las acciones que se deben incorporar para mejorar el proyecto. También definir y consensuar con sectores más amplios de la sociedad, cuales son los aspectos no negociables por su impacto negativo, que, de no consensuarse y perderse la inversión, dejen en claro a la ciudadanía que se debió a una cerrazón del mandatario y no de un acuerdo social previamente establecido por una amplia base ciudadana.
3.- La posibilidad de retirar el amparo interpuesto, debe basarse en que primero se debe llegar a un acuerdo, esto es, todas las partes deben de buscar el bien mayor y ceder en sus posturas buscando siempre éste. Lo que está por verse es si existe algún actor del gobierno federal con capacidad de modificar el proyecto original y si el mismo presidente está dispuesto a hacerlo.
El reto es para todas las partes, productores, usuarios, empresarios, pero, sobre todo, para un gobierno federal cerrado y amenazante.
La Laguna siempre ha sido una región compleja para lograr acuerdos, precisamente porque siempre se ha intentado imponer proyectos sin el proceso previo de consensuar con los interesados y los laguneros no somos precisamente dóciles ante esas situaciones.
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