La próxima legislatura en la Cámara de Diputados, la LXV, será la primera en México en la era de la pandemia. Sus retos son los que ningún otro Poder Legislativo en la historia del país ha tenido: resolver una triple crisis de salud, económica y de seguridad en los tiempos de las redes sociales, la inteligencia artificial y el trabajo a distancia.
Llegarán diputados novatos, legisladoras que lograron su reelección y congresistas que se reincorporarán con largas trayectorias. Su imaginación y su veteranía serán clave para legislar en un país que no es el mismo desde el 27 de febrero de 2020, cuando el gobierno mexicano reportó a la Organización Mundial de la Salud el primer caso de coronavirus en el país.
Ellas y ellos ocuparán 500 curules instaladas sobre una profecía cumplida de la Oficina para las Drogas y el Crimen de Naciones Unidas: desde el primer año de la crisis, en cualquier país, la explotación humana crecerá a la par de los contagios y las muertes.
En 2018, antes de la existencia del Sars-Cov-2, 148 países adscritos a la ONU reportaron unas 50 mil víctimas. En la era de la pandemia, esa cifra conservadora se habría quintuplicado, especialmente en comunidades de migrantes y en familias cuyos sostenes económicos perdieron el empleo.
Sólo el promedio de menores de edad ubicados como víctimas de trata de personas se ha triplicado en los últimos dos años y el promedio de varones menores de 18 años se ha incrementado cinco veces en los últimos 15 años, pero aceleradamente entre el 2020 y 2021.
Ser víctima también es una cuestión de geografía: la mayor cantidad de víctimas están en África Occidental, Asia del Sur y América Latina, regiones donde por cada víctima detectada se cree que hay 20 más en las sombras. Acaso más.
Esas son sólo algunas de las cifras más escandalosas del más reciente Reporte Global en Materia de Trata de Personas, el de 2020, elaborado por Naciones Unidas, el primero en tomar en cuenta el nuevo mundo que habitamos después de la irrupción del coronavirus.
Sin embargo, no todo son malas noticias: el informe también reconoce que más tratantes de personas enfrentan a la justicia cada año. A nivel mundial, el número de personas sentenciadas por cada 100 mil personas se ha triplicado desde 2003.
Esto es posible, según el reporte, gracias a un avance en las legislaciones contra la trata de personas —el 90% de los Estados miembros de Naciones Unidas ya cuenta con una ley que criminaliza el uso de medios electrónicos o digitales para enganchar o reclutar víctimas— y la certeza de que sólo con esfuerzos nacionales e internacionales es posible aplanar esta preocupante curva.
Por ello es que las próximas parlamentarias y parlamentarios que tomarán protesta en la Cámara de Diputados el 1 de septiembre deberán tomar en cuenta la evidencia comprobada de Naciones Unidas: la vía legislativa es crucial para que hacer que la crisis cambie de bando y sean los victimarios, y no las víctimas, quienes la sufran.
El mismo reporte reconoce que legislaciones como la de los países europeos son las que más sentencias logran, es decir, leyes que criminalizan la demanda y no la oferta; las que van por el primer eslabón de la cadena de la explotación humana, los clientes, y no por los últimos, las personas en situación de prostitución, que sólo buscan sobrevivir.
Es el mismo enfoque que apoya el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en su Recomendación General 38, del 2020, sobre la trata de personas: la forma más efectiva de frenar la prostitución forzada, la pornografía infantil, la explotación laboral y el turismo laboral es imponiendo duras sanciones a quien lo solicita para su placer, no a quien lo brinda para comprar comida o tener un techo donde dormir.
“En el marco de la pandemia, los países se enfrentan a un mayor reclutamiento para la explotación sexual en línea, una mayor demanda de material y tecnología de abuso sexual infantil que ha facilitado el tráfico sexual infantil”, alerta la CEDAW.
Por eso es crucial que las próximas diputadas y diputados mantengan la ley vigente contra la trata de personas, cuyo espíritu a favor de la dignidad humana está en concordancia con ambas recomendaciones internacionales.
No será fácil. Desde hace años sabemos en distintas organizaciones civiles que han existido tercos intentos por modificar la ley para que, cambiando una palabra aquí y otra allá, se abran las rendijas necesarias para que los padrotes que están operando puedan seguir haciéndolo y los que estén en prisión puedan salir más pronto que tarde.
Han sido intentos infructuosos durante años, pagados con dinero sucio que proviene de esas redes criminales que explotando el cuerpo humano obtienen ganancias anuales cercanas a los 150 mil millones de dólares anuales, que cada legislatura debe combatir desde 2012, cuando se promulgó la actual ley.
Pero un optimismo justificado nos hace creer que la próxima legislatura estará a la altura de las circunstancias: previo a las elecciones del 6 de junio, más de 90 organizaciones, activistas y sobrevivientes llamaron a cientos de candidatos a firmar compromisos contra la trata de personas, empeñando su palabra en la defensa de los más vulnerables.
Fundación Karla de la Cuesta, Alas Abiertas, Comisión Unidos Vs Trata, Un Billón de Pie, Red de Madres Buscando a sus Hijos, Fin de la Esclavitud, y más asociaciones civiles, lograron antes de los comicios de este año la firma de compromisos contra este delito más alta en la historia moderna del país.
En total, 304 candidatos —entre ellos, cuatro a gubernaturas, 13 a alcaldías en Ciudad de México, 56 a presidencias municipales, 116 a diputaciones locales, 87 a curules federales y más— en 15 entidades del país signaron compromisos.
Este histórico esfuerzo abarcó a candidatos de todos los partidos políticos y por todo el mapa ideológico y nacional. Desde Sinaloa, Michoacán, Morelos, Querétaro, Ciudad de México… nunca el país vio a tantos aspirantes a un cargo a elección popular prometer acciones concretas contra este delito que descoyunta, al menos, 120 mil vidas cada año.
Entre los compromisos firmados por estos 304 candidatos están la realización de campañas de prevención del delito, la persecución irrestricta de los clientes explotadores, la cero tolerancia a los giros negros donde la prostitución ajena es una forma de ganancia, la coordinación con autoridades federales para mejorar las labores de inteligencia y las garantías a las sobrevivientes de apoyos hasta su completa recuperación.
Las elecciones del 6 de junio han dejado dos enseñanzas: que la sociedad civil organizada puede hacerse escuchar en las campañas electorales y que la ciudadanía sabe premiar a los candidatos que se comprometen a atacar de frente este delito.
Porque una gran mayoría de quienes empeñaron su palabra en la lucha por el fin de la esclavitud tomarán muy pronto posesión de sus nuevos cargos. Muchas serán diputadas y diputados, pero también serán gobernadores, presidentas municipales, alcaldes, concejales, que llegan con una promesa bajo la manga.
El Informe de Trata de Personas 2021 del Departamento de Estado de Estados Unidos, en su apartado sobre México, muestra la ruta para los próximos servidores públicos de la nación: urge crear refugios y albergues especializados, crear políticas estandarizadas para que los oficiales que están en la primera línea de batalla puedan identificar víctimas entre grupos vulnerables e incrementar los esfuerzos para investigar crímenes en los que estén implicados funcionarios públicos de nivel estatal y federal.
También es necesaria la creación de programas de testigos protegidos a los que las víctimas se inscriban voluntariamente y no bajo coerción o amenazas, garantizar fondos para el sustento de las personas sobrevivientes, endurecer penas contra el reclutamiento forzado y la creación de un plan nacional contra la trata de personas que se coordine con autoridades estatales y federales.
Y tener en cuenta que los grupos vulnerables han cambiado con la crisis sanitaria: ahora también son niños, hombres, indígenas, personas en situación de calle, migrantes, refugiados y personas que integran la comunidad LGBTQ+.
Sabemos que el esfuerzo es enorme. Pero ninguna y ninguno de los próximos servidores públicos están solos en esta batalla. Al firmar los compromisos, organizaciones, activistas y sobrevivientes también firmamos con ellas y ellos que caminaremos juntos en este esfuerzo por la dignidad humana.
Para apoyarles realizaremos del 26 de julio al 6 de agosto la campaña a nivel mundial #10Días de #ActivismoVsTrata de la mano de varias organizaciones internacionales que lograrán movilizar a nuevos activistas con cuatro objetivos: Prevención, Denuncia, Donaciones y Apertura de más refugios, albergues y casas de medio camino.
Con nuestro esfuerzo honraremos su compromiso por la vida. Y refrendamos la esperanza de que ustedes, los siguientes servidores públicos, honrarán su palabra.
