Gracias a la denuncia y a la participación permanente de Carmen Aristegui, el Ministerio Público Federal (MPF), ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de los contratos que suscribió Tomás “Z”, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), durante la administración anterior; todo lo cual llevó a esta Fiscalía a una serie de diligencias y de cateos periciales, en los que la propia Carmen Aristegui participó como testigo del MPF, lo cual se realizó en la empresa KBH TRACK, administrada por Víctor “R” y cuyo propietario era el ciudadano israelita Uri Emmanuel “A”, quien huyó del país hace más de dos años.
En este procedimiento, Carmen Aristegui logró aportar a un testigo fundamental, quien proporcionó los datos necesarios para establecer que la empresa israelí NSO Group, propietaria del software Pegasus, utilizaba a la empresa operadora mexicana ya señalada, de la cual se obtuvo un disco duro, en el que se demuestra plenamente que dicha empresa maquiladora realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no se hayan identificados plenamente para efectos judiciales.
Lo que sí se puede ya afirmar en forma definitiva es que, en el caso de quien entonces era Comisionado Nacional de Seguridad, Doctor Manuel Mondragón, su teléfono fue intervenido y grabadas sus conversaciones con funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de áreas de Seguridad Nacional, así como con terceras personas.
Se está, en este momento, en espera de que varios denunciantes puedan aportar sus teléfonos celulares para que, con autorización de un Juez de Control, se extraiga la información correspondiente para efectos de judicialización.
En este caso, se ha solicitado a las diversas entidades del Gobierno Federal señalen si en sus antecedentes se ha encontrado algún contrato con Pegasus, sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta positiva.
Por lo que toca a Citizen Lab de la Universidad de Toronto, dicha institución contestó que “no realizó un análisis técnico forense o pericial de los equipos de teléfonos celulares”; que “no tiene evidencia de que una agencia gubernamental mexicana instalara el malware Pegasus en ningún dispositivo”; y, finalmente, que “no hemos analizado equipos de teléfono celular para determinar si algunos intentos de infección fueron exitosos”.
Asimismo, se ha ordenado a todas las dependencias federales y estatales de seguridad que pudieran tener equipos de software para realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda su información relacionada a la contratación del equipo Pegasus y otros semejantes.
En el caso de Tomás “Z”, quien se encuentra en Israel sujeto a un proceso de extracción, la información correspondiente a este caso se le hará llegar al Gobierno de dicho país, por los canales procedentes.
Hasta este momento, la triangulación entre Pegasus, sus operadores y quienes los contrataban ha quedado debidamente comprobada en un primer caso judicializable.
Sobre los nuevos datos que se han hecho públicos, respecto a diversos espionajes a personas de un alto perfil en el país, dicha información se está incorporando a la investigación ya señalada, con objeto de ampliar, en su caso, las investigaciones correspondientes, para lo cual se habrán de desahogar las diligencias de investigación que procedan.
