Desde hace más de una década, el tráfico ilícito de armas es un catalizador de la violencia en México, pues incrementa el poder de fuego de la delincuencia organizada. Según datos del organismo Small Arms Survey, del Instituto de Postgrado de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, México se encuentra en la séptima posición a nivel mundial, con aproximadamente 16.8 millones de armas en posesión de civiles ya sea con licencia o sin ella.

Los efectos de la violencia asociada al tráfico ilícito de armas repercuten directamente en el costo total de la inseguridad y el delito, representando alrededor del 1.53 por ciento del Producto Interno Bruto, esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica.

Estadísticamente el año pasado, se estimaron 22.3 millones de víctimas, mayores de 18 años, en 2019 los homicidios representaron la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 44 años y el 72 por ciento de éstos fueron cometidos con arma de fuego.

El Senado de la República tiene el propósito de elaborar una agenda para desarrollar estrategias que permitan acabar con esta situación, por ello ha tomado acciones como solicitar al gobierno federal un informe sobre el tráfico ilícito de armas hacia el país, ya que cada año cruzan entre 250 y 280 mil armas, provenientes de Estados Unidos, cifra que representa más de 2.5 millones de armas en los últimos diez años de acuerdo a estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ricardo Monreal coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, considera necesario generar una agenda pública bilateral y multilateral, a fin de emprender acciones puntuales enfocadas a detener el tráfico y fabricación ilícitos de armas en dos vertientes:

Primero, con el intercambio de información y el uso de inteligencia dirigida a compartir, desarrollar e instrumentar estrategias regionales, hemisféricas y globales y en segundo, el despliegue de operativos, coordinados y transnacionales, en puntos de salida, tanto de personas como de carga, que incluyan puertos marítimos, aéreos y vías férreas.

También indicó que se requiere un análisis de las tasas de hospitalizaciones por lesiones y heridas de bala, así como la proporción de homicidios y suicidios que han aumentado sustancialmente en el contexto actual, en el que resaltan factores como pobreza, impunidad, falta de Estado de derecho y recientemente el confinamiento provocado por la pandemia del virus SARS-CoV-2.

“El flujo ilícito de armas, municiones y componentes armamentísticos norte-sur ha fungido como un catalizador de la violencia armada que se vive en México”.

El Senador indicó, que para realizar satisfactoriamente este grave problema es indispensable tener en consideración la vecindad entre México y Estados Unidos que, por diversas condiciones históricas, políticas, sociales, económicas y culturales, representa un reto mayúsculo.

Cabe destacar que ambos países comparten más de tres mil kilómetros de frontera, cuya extensión se configura como un lugar en el que acontecen actividades relacionadas con la delincuencia organizada, el tráfico de armas, drogas, personas, lavado de dinero y contrabando, entre otras.

El año pasado las armas de fuego estuvieron presentes en 6.1 millones de delitos, Monreal advirtió, “son señales de alarma debido a que demuestran como las condiciones de paz y bienestar en nuestro país han disminuido”.

Pero, acotó, “una consecuencia más escalofriante de la violencia armada es la reducción de la esperanza de vida en México entre 0.5 y dos años, así como un aumento, en los últimos 20 años, del 375 por ciento en el uso de armas de fuego en feminicidios”.

De conformidad con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020, hubo 34 mil 515 muertes por armas de fuego.

Por último, destacó que resulta primordial diagnosticar y establecer acciones para atender el fenómeno del tráfico ilícito de armas y los efectos de la violencia armada.