La vida profesional de un estudioso del derecho, exige una preparación permanente en virtud de la siempre cambiante e innovadora ciencia jurídica, ya sea por parte de quienes aplican el derecho desde los Órganos Jurisdiccionales o quienes por compromiso, ética y moral enarbolan la defensa de aquellos ciudadanos que se ven inmiscuidos en procesos judiciales de toda índole.
Las instituciones impartidoras de justicia han tenido la necesidad de implementar al interior de sus organigramas, unidades administrativas encargadas de desarrollar y ofertar planes y programas de estudio acordes a la realidad jurídica que se vive cotidianamente en los tribunales, juzgados y centros de mediación; esta formación debe ser permanente, da conocimientos y otorga competencias, que tienen como objetivo la profesionalización del servidor público judicial.
Por otro lado, al contar con funcionarios judiciales altamente profesionalizados, con conocimientos especializados, no únicamente en el procedimiento, sino también en los contenidos y su argumentación e interpretación para la resolución de problemas de índole jurídica, el beneficio será para la ciudadanía.
Por lo anterior, a partir de los años 90´s del siglo pasado, se dio la transformación de institutos de capacitación en materia jurídica en los poderes judiciales del país, evolucionando a las llamadas escuelas judiciales, con el fin de formar servidores públicos que brinden un servicio con calidad, ético, y profesional, que permitiría fortalecer a las instituciones impartidoras de justicia.
La llamada carrera judicial se define como un sistema que regula el ingreso, permanencia, promoción, traslado, ascenso, capacitación y disciplina de jueces, magistrados y/o de todo el personal al servicio de la justicia, según sea el caso, tomando en consideración los méritos, aptitudes, conducta y desempeño, garantizando con ello su estabilidad, independencia y excelencia profesional (Acuerdo del Consejo de la Judicatura, 2006). (1)
Si bien, es a través de conferencias, cursos, talleres, diplomados y posgrados que magistrados y jueces, así como personal de salas, juzgados y diferentes áreas jurisdiccionales de los Tribunales se encuentran en constante formación y perfeccionamiento académico por la obligatoriedad que marca la ley, también es un deber ético de todo servidor público judicial, que su desempeño profesional redunde en el bienestar de las y los justiciables.
Por todo lo anterior, consideramos que la instauración de espacios educativos de nivel superior por parte del Poder Judicial tanto Federal como los de las entidades federativas, definidos como escuelas judiciales son el mejor vehículo para formar, capacitar y actualizar de manera profesional y especializada a quienes aspiran a formar parte del sistema de administración de justicia en nuestro país.
- en D. Raúl Flores Bernal
Catedrático Universitario
Especialista en Derecho Electoral y DDHH.
