Rubén Aguilar Valenzuela
En la mañanera del lunes 7 de junio el presidente López Obrador comentó la jornada electoral del día anterior y entre otras cosas dijo que el narco se había “portado bien”.
La afirmación llama la atención. Se puede tomar solo como una frase desafortunada o como prueba de que realmente hubo algún tipo de acuerdo con el narcotráfico de parte del gobierno.
Hay evidencias claras de la intervención del crimen organizado en el asesinato de candidatos, más de 30, y también en el miedo que provocaron en ciertas regiones del país, para que no se registraran personas que no querían.
En los días pasados dirigentes políticos se han manifestado y académicos y analistas han escrito decenas de artículos que apuntan a una acción evidente y amplia del narco en el pasado proceso electoral, que ciertamente resulta difícil documentar.
Rubén Moreira, que fue gobernador de Coahuila y ahora será el líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, asegura en el noticiero de Ciro Gómez Leyva que en muchas partes del país hubo acciones del narcotráfico, para intervenir en la elección.
En el caso concreto de su partido en Sinaloa integrantes del Comité Ejecutivo Estatal fueron privados de la libertad. Nadie quiso firmar la impugnación de la elección. No lo hicieron porque su vida está en riesgo.
Ante esto el Ejecutivo Nacional mandó a una persona, que no salió del aeropuerto, para hacerlo. Al día siguiente el Comité Ejecutivo del PRI en Sinaloa desconoció la impugnación. Lo hicieron por miedo al narco y en protección de su vida.
Y añadió que en distintas regiones del país los electores no pudieron ejercer libremente su derecho al voto y que se impidió la participación de ciertos candidatos. Dijo estar también preocupado porque en algunos municipios del país hubo candidatos únicos a presidente municipal.
Llama la atención, dice, que Morena no esté preocupada por estos hechos y que no se pronuncie. Y finalizó su intervención afirmando que es necesario garantizar que la delincuencia organizada no intervenga en los procesos electorales. De no hacerlo vamos a una situación terrible.
De otro lado el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusa abiertamente al presidente López Obrador de permitir la supuesta operación del crimen organizado para la coacción del voto en favor de candidatos de Morena en su entidad durante la jornada del 6 de junio.
Insiste en que en su estado se debe anular la elección a gobernador por las anomalías, las incidencias y la clara injerencia del crimen organizado en la inducción del voto a favor de Morena.
Se presentaron 90 pruebas ante las instancias correspondientes que demuestran cómo el crimen organizado obligó a marcar las boletas a favor de Morena, en determinados distritos electorales, asegura el gobernador.
Y ha hecho público que frente a esta situación su gobierno acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para denunciar lo que ha ocurrido.
A pesar del silencio del presidente y de Morena desde distintas regiones del país surgen denuncias de la intervención del narcotráfico en la pasada elección. Toca a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar las investigaciones. ¿Lo hará? Hay pruebas de que investiga todo lo que el presidente le pide. ¿Éste lo hará?
Twitter: @RubenAguilar
