Un juez federal concedió a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, un amparo en contra de la prisión preventiva justificada que se le dictó desde 2019, y ordenó que se revise la posibilidad de dictarle una medida cautelar distinta.
El juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda, determinó que los derechos de la exfuncionaria federal fueron violentados al habérsele ratificado en 2020, la prisión preventiva automática sin valorar otras medidas cautelares como el arraigo domiciliario.
El juez Mejía consideró que el argumento de que Robles podía obtener recursos de terceros no bastaba por sí mismo para justificar una medida de prisión preventiva, cuando existen otras menos graves e igual de efectivas como la prisión domiciliaria.
“El juez soslayó expresar de forma objetiva los argumentos en que sostuvo tal conclusión. Tales inconsistencias impidieron determinar de manera fundada y motivada si, en el caso, procedía la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria”, detalló el juez de acuerdo con lo publicado.
La resolución del juez abre la posibilidad para que Rosario Robles Berlanga abandone el penal de Santa Martha Acatitla, en donde se encuentra actualmente, por el proceso que se le sigue en su contra por el caso de “La Estafa Maestra”.
El amparo procede para reponer la audiencia de revisión de medida cautelar de abril de 2020 cuando se le ratificó la prisión preventiva.
Rosario Robles acudió a comparecer ante el juez de manera voluntaria en agosto de 2019, pero se le dictó prisión automática, pero su defensa alegó que era una medida desproporcionada.
Sus abogados lograron probar que los fiscales de la FGR habían sustentado la petición de prisión preventiva de Robles en documentos falsos, como una licencia de conducir con un domicilio distinto que la exfuncionaria nunca tramitó.
El juez de control Ganther Villar Ceballos ratificó la prisión preventiva justificada en contra de Rosario Robles con el argumento de que podía obtener recursos de terceros para intentar sustraerse de la justicia.
La FGR aun cuenta con una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero que puede ejecutar en cualquier momento.
La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol, 2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu, 2015-2018) no ha logrado un acuerdo con la FGR, desde que a inicios de marzo desistió de declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión.
Robles, en prisión preventiva desde agosto de 2019, está acusada de permitir el desvío de fondos por 5,000 millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma en una trama conocida como “La Estafa Maestra”.
