El pasado 30 de abril el Registro Federal de Estados Unidos, que es la gaceta oficial del gobierno federal de los Estados Unidos que contiene las reglas de las agencias gubernamentales, publicó que suspendía la certificación de camarón de altamar a México, ya que el programa de protección de tortugas marinas que se aplica en nuestro país es inoperante, y no cumple con los estándares que se utilizan en mares estadounidenses.
Publicación que detalla que gran parte de la flota camaronera en México de altamar incurre en deficiencias en los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET), pero, qué son los DET, pues son un mecanismo que permite a las tortugas marinas –quelonios– puedan escapar de las redes de arrastre, gracias a que en la parte superior o inferior se puede encontrar una abertura que facilita su salida.
La orden de suspensión se origina después de una serie de visitas de inspección realizadas a la flota camaronera de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, a su vez, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) subrayó que en las verificaciones se detectaron deficiencias en las normas de uso de redes usadas para la pesca de camarón.
Lo que significa que el camarón mexicano que se obtiene mediante captura de arrastre no podrá ser exportado al mercado de Estados Unidos hasta que el país vuelva a obtener su certificación, sólo el camarón obtenido mediante la técnica de acuicultura podrá ingresar a los Estados Unidos.
Ante esta medida, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) minimizó la problemática y comunicó, que esta suspensión coincide con la veda de camarón, y que durante este tiempo llevarán a cabo las acciones pertinentes para obtener de nueva cuenta la certificación, esto podría suceder a más tardar en el mes de agosto, mientras tanto se realizarán inspecciones constantes y se dará capacitación a los pescadores para evitar que las malas prácticas continúen, actividades que realizará la CONAPESCA, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Marina (SEMAR).
Para el inicio de la próxima temporada de pesca, Estados Unidos inspeccionará los puertos de Sonora, Sinaloa, Tampico y Campeche, tiempo suficiente para que las autoridades mexicanas hayan verificado el uso correcto de los DET, y que las embarcaciones trabajen de acuerdo a las normas establecidas.
De acuerdo con reportes de CONAPESCA, en el 2020 se produjeron alrededor de 250 mil toneladas de camarón; el 71.2% producido en granjas acuícolas y el 28.8% obtenidos mediante la captura de arrastre en alta mar.
La Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola advierte que este 2021 será sumamente complicado para el sector pesquero, ya que el gobierno federal ha limitado los financiamientos y apoyos al sector, especialmente para el diésel marino, además de que no existe un compromiso de incrementar el presupuesto para la inspección y vigilancia de los mares, o en otros rubros de suma importancia como lo es; capacitar a los pescadores en el uso correcto de sus artes de pesca, fomentar el consumo de productos del mar, mejoras en la infraestructura o en articular las cadenas productivas. Además el panorama se torna más sombrío, ya que se estima que sólo el 25% de la flota camaronera –aproximadamente 125 embarcaciones–, logren reanudar actividades de pesca, lo que generará mayor desempleo tanto para pescadores, como para quienes dependen indirectamente de la actividad.
Todo ello genera una gran incertidumbre, recordemos que el presupuesto a nivel federal se ha limitado –debido a la austeridad–, PROFEPA cuenta con menos inspectores, así como recursos materiales, equipo o infraestructura indispensable para desarrollar con eficacia labores de inspección y vigilancia, y si las otras dependencia carecen de lo mismo, ¿cómo es que llevarán a cabo las inspecciones pertinentes para obtener de nueva cuenta la certificación?, recordemos que se plantea suceda a más tardar en el mes de agosto.
Resulta innegable aceptar el terrible desorden que vive el sector pesquero en México, por ello, los actores políticos y servidores públicos responsables deben reconocer su importancia en el desarrollo sustentable de cientos de comunidades y en la seguridad alimentaria del país. Se calcula que existen aproximadamente 300,000 pescadores quienes sostienen a dos millones de familias, en más de 10,000 comunidades rurales. Si no se cuenta con apoyo al sector pesquero la crisis tanto ambiental, alimentaria, económica y social será grave, no olvidemos que la pesca es una actividad esencial para nuestro país.
Han pasado más de tres décadas y las problemáticas en el sector pesquero siguen siendo las mismas; no se establecen reglas claras, no existe un orden en la actividad, no hay una vigilancia adecuada ni constante, no se cuenta con recursos para la investigación y aplicación de nuevas tecnologías, los recursos otorgados no son suficientes o ya están etiquetados a grupos que no aplican el recurso como se debe. Lo que el sector pesquero necesita es un plan a largo plazo basado en la ciencia, en el desarrollo sostenible del recurso y la correcta aplicación de la ley.
Por otro lado, la pesca ilegal y excesiva, el cambio climático, la acidificación de los océanos y la acelerada pérdida de biodiversidad son otra amenaza al sector pesquero, problemáticas que deben ser atendidas con urgencia. Paradójicamente, México junto con 13 países más conforman el Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible (Ocean Panel), los cuales se comprometieron a hacer un manejo sustentable de sus aguas nacionales al 100% hacia el 2025, compromiso que pierde seriedad y credibilidad ante un gobierno mexicano que se ahoga en sus problemas sociales.
