- La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos está ocasionando la misma polémica que la generada por la Reforma Eléctrica
¿Qué es leonino? ¿Que un privado abuse de sus permisos otorgados para hacer negocios ilícitos o que el Estado haga leyes duras, restrictivas y confiscatorias en busca de evitar prácticas desleales y conductas delictivas? La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos está ocasionando la misma polémica que la eléctrica. El punto de mayor incertidumbre es que la iniciativa establece el retiro del permiso a cualquier compañía privada si este se convierte en un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía”.
El problema, de acuerdo con el especialista Ramsés Pech, es que no clarifica ninguno de los tres conceptos. Ese es un gran problema para los inversionistas que pudieran interesarse en el sector energético, porque la falta de reglas claras y de seguridad en las regulaciones desincentiva la llegada de dinero y hace demasiado caro el poco que llegue. Claro, también hay que decir que de los 200 mil millones de dólares en inversiones que había prometido para el final de 2018 el gobierno anterior, con su Reforma Energética, la gran mayoría se quedaron sólo en una ilusión.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, desde que se liberó el sector energético en 2015, hasta febrero de este año, se han invertido en exploración y producción de petróleo únicamente 7 mil 28 millones de dólares entre empresas privadas y Pemex. No es que no haya permisos suficientes: el total autorizado es de 17 mil 612 millones, pero las inversiones no están llegando. Otra parte de la apertura energética es el mercado de las gasolinas, que es mucho más apetitoso. Los datos de la Onexpo son que de las 12 mil 713 estaciones de servicio que hay en el país, 39 por ciento, 4 mil 941, no son de Pemex, sino de las empresas privadas que ahora también pueden participar. El problema ahora es que las reformas recientes que imponen penas más altas al huachicol y buscan evitar que ese combustible ilícito termine expendiéndose en las estaciones de servicio no parecen ser suficientes. Eso representaría, en la idea de la reforma, un peligro para la seguridad nacional, la energética y la economía, que ameritaría el retiro del permiso para operar en México.
El secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Medina, me dijo que “hay un contrabando de hidrocarburos y por este concepto hay una gran cantidad de recursos que no se obtienen por parte de la federación. Pemex pierde casi 49 por ciento de la importación de diésel, 30 por ciento de gasolina y 25 por ciento de turbosina”. Con todo y el combate frontal al huachicol desde 2019, esa actividad delictiva sigue siendo tan grande que se ha vuelto toda una industria. El gobierno impulsa otras acciones como la nueva NOM, que prohíbe el uso de dispositivos ilegales para despachar litros incompletos. ¿Cuida la iniciativa de Reforma de Hidrocarburos todos los ángulos legales para evitar un daño peor al sector energético y a los acuerdos comerciales? ¿Tratará con el mismo rigor la corrupción dentro de Pemex?
