El presidente López Obrador al asumir la presidencia siguió en la estrategia de “campaña permanente” que había iniciado 18 años atrás. No cambió su discurso y siguió polarizando a la sociedad mexicana.

En el último mes radicalizó su discurso de campaña, para tratar de influir en la jornada electoral del próximo 6 de junio. Estuvo en la boleta electoral de 2006, 2012 y 2018. En esta no va a estar y no es su nombre quien puede inclinar el voto a favor de los candidatos de Morena.

El instrumento fundamental, para intervenir en el proceso electoral ha sido su comparecencia mañanera, y la estrategia introducir temas polémicos y radicalizar su descalificación a los gobiernos y partidos que estuvieron en la presidencia.

Y también ubicar como sus “enemigos” a empresas, empresarios, prensa crítica, intelectuales y organizaciones de la sociedad civil a las que acusa de apoyar a esos políticos y gobernantes a cambio de prebendas.

El presidente con su estrategia se ha propuesto que en los medios solo se hable de lo que quiere (Agenda Setting) y solo él estar presente.

Así, quiere minimizar el espacio de los candidatos opositores en los medios de comunicación en sus estados y municipios. Con el fin de que no tengan espacios para darse a conocer y presentar sus propuestas.

Y tratar de hacer nacional las 3,504 elecciones locales en las que están en juego 21,383 cargos de elección popular: 15 gubernaturas, 500 diputados federales, 1,063 diputados locales, 1,926 presidencias municipales y 17,879 regidurías municipales.

Lo que se ha propuesto es establecer los términos de la campaña electoral. La votación no es por éste o aquel candidato local sino entre las alianzas Va por México (PAN-PRI-PRD) y Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-PVEM).

El 31 de marzo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por unanimidad, acordó que el presidente en sus mañaneras no puede difundir logros del gobierno, anunciar programas sociales, elogiar o atacar gobiernos locales y tampoco hacer comentarios sobre los comicios.

Solo podrá ofrecer información neutral sobre educación, salud y protección civil. De no sujetarse a este ordenamiento él y las concesionarias de radio y TV violarían el artículo 41 de la Constitución y se harán merecedores a sanciones y penas.

La resolución del TEPJF, que es inapelable, pone un alto a la estrategia seguida por el presidente para intervenir en la elección. Y la regresa al ámbito local que es donde debe de estar. Así cumple con el mandato constitucional.