● Se reclaman las autorizaciones en materia de impacto ambiental emitidas a ocho proyectos inmobiliarios y turísticos que se encuentran en la región de Cabo del Este.

● Los proyectos en conjunto ponen en riesgo al Parque Nacional Cabo Pulmo, su área de influencia y a las comunidades de la región.

El Juzgado Segundo de Distrito en Baja California Sur admitió el amparo presentado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), el cual tiene como objetivo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reconozca su obligación de garantizar el derecho humano al medio ambiente sano de las comunidades y actúe en consecuencia para asegurar su cumplimiento.

 

En el amparo se señalan irregularidades en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental en ocho proyectos que fueron autorizados por la Semarnat y se ubican en la región de Cabo del Este, cercanos al Parque Nacional Cabo Pulmo. Además, seis de los proyectos mencionados, fueron evaluados en modalidad particular, cuando por sus características tendrían que haberse presentado en modalidad regional, por lo que la autoridad en primera instancia no debió admitirlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

“Al autorizar proyectos sin evaluar sus impactos de forma integral, se pone en riesgo los recursos naturales de los cuales se sustentan las comunidades, ignorando la responsabilidad que tiene la autoridad ambiental de velar por el derecho humano a un medio ambiente sano. En el caso de Cabo del Este, sus habitantes ya están sufriendo afectaciones en cuanto al abastecimiento de agua y de energía eléctrica, de seguir así temen daños a los ecosistemas de los que depende su forma de vida.” Señaló Maria Inés Pérez, Abogada de la Oficina Regional Noroeste del Cemda.

 

Un ejemplo de la serie de irregularidades que se detectaron es el caso del proyecto “Costa Palmas”, el cual es un Complejo Inmobiliario Turístico instalado en La Ribera, a 40 kilómetros de Cabo Pulmo, el cual fue sometido a evaluación ante la Semarnat de forma fragmentada en 2007. A causa de los impactos no contemplados en un principio, el proyecto ha promovido nuevas obras, tales como la modificación del cauce de los arroyos Santiago y Los Pocitos, sobre el cual fue construido, además de solicitar autorización para iniciar obras de recuperación de la playa erosionada frente al mismo complejo turístico, situación provocada por la operación del mismo.

 

“Los habitantes de Cabo Pulmo, La Ribera y otros poblados de Cabo del Este, tenemos una fuerte preocupación por tantos hoteles y proyectos que se están instalando en la región, los cambios e impactos que están ocasionando ya están alterando nuestra dinámica diaria y a las comunidades. Hemos manifestado esta preocupación a las autoridades, pero no han atendido nuestras inquietudes, a pesar de que nosotros somos los afectados directos”, Judith Castro, Presidenta del Comité de Desarrollo Comunitario de Cabo Pulmo.

 

Cabe mencionar que la Semarnat no ha garantizado la participación de las comunidades de Cabo del Este en los procesos de evaluación de los proyectos, ya que ha negado en diversas ocasiones la apertura de consulta pública solicitadas por los mismos habitantes. Esto, además de la falta de instrumentos adecuados para regular el territorio, como un Programa de Desarrollo Urbano para Cabo del Este, o la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Los Cabos, el cual fue emitido en 1995 y se encuentra desfasado del contexto actual, ha contribuido a que en las últimas décadas la región se vea amenazada por el establecimiento de proyectos inmobiliarios y turísticos.

 

Con este amparo, el Poder Judicial Federal tiene la oportunidad de marcar un precedente importante para salvaguardar el patrimonio natural y asegurar el bienestar de las comunidades. De lograr un resultado favorable, las autoridades ambientales deberán realizar las acciones necesarias para asegurar el desarrollo en Cabo del Este sin comprometer su riqueza biológica y que beneficie a sus habitantes. Además, representaría un paso hacia el reconocimiento de nuestro derecho a un medio ambiente sano.

Foto: Ernesto Méndez