Por Marco A. Rodríguez Blasquez.
Queda claro que en la 4-T, confunden el significado de “gobernar “y “representar”. Mientras que para este último (representar) solo basta obtener la mayoría en una elección, razón por la que los partidos políticos se empeñan en seleccionan personajes que sean conocidos, aun cuando carezcan de experiencia y conocimientos, en lugar de elegir a los más aptos, con capacidad de abordar los distintos temas que conforman la agenda legislativa.
A diferencia de “representar”, gobernar implica administrar el poder obtenido en las urnas, ejerciendo la planeación, dirección y el control de un Estado, enfrentar las coyunturas con visión y lo verdaderamente trascendente, habilidad para coordinar el trabajo de los subalternos, saber delegar, compartir los objetivos y consensuar las decisiones.
“El juicio que se forma de un soberano y de su entendimiento se apoya en el examen de los hombres que lo rodean” (Nicolás Maquiavelo, El Príncipe).
Un tema complejo no superado aún, en el trayecto de este gobierno, es la dificultad que enfrentan los distintos niveles operativos de esta administración para coordinarse y alcanzar objetivos comunes, en lugar de ello, prevalece la superposición de funciones, que resulta en que sean varios los responsables de una misma estrategia, situación que aporta soluciones parciales y en el mediano plazo se genera un mayor problema, como es el caso de la adquisición de las vacunas y la estrategia de insaculación.
Esta ausencia o deficiente coordinación, también se observa en uno de los pilares de este gobierno, que es la ejecución de los programas sociales, que contribuyen a fortalecer la estrategia electoral del partido en el poder, que para realizar su dispersión genera un gasto excesivo propiciado por la cantidad de personal que participa, lo que viene a abrir la puerta a actos de corrupción, como el reciente caso de siervos de la nación en el estado de Veracruz. , mismos que fueron consignados a las autoridades respectivas.
Pero aún más grave, es la falta de entendimiento entre los funcionarios de primer nivel, que se tienen que apegar al estilo de gobernar del presidente AMLO, quien centraliza el poder y las decisiones, de la misma forma como lo hizo durante su gobierno en el DF.
Esa forma de gobernar ha repercutido en la renuncia de varios de sus colaboradores cercanos, quienes por ineficiencia o por no estar convencidos del proyecto de la 4-T, presentaron su renuncia, no sin antes externar su inconformidad con diversos comentarios, Víctor Toledo exsecretario del medio Ambiente: “La 4-T está llena de contradicciones “.Carlos Urzua exsecretario de Hacienda “No hay idea de lo que hacen ante la crisis económica” German Martínez exdirector del IMSS “Ahorrar y controlar el gasto en salud es inhumano”, Muñoz Ledo un férreo opositor a la política migratoria. Jiménez Espriu exsecretario de Comunicaciones, dependencia que fue desplazada por la Sedena y la Marina en la vigilancia de los puertos.
Esta concentración del poder en el titular del poder ejecutivo, se identifica con una cultura política autoritaria, que de no regularse se corre el riesgo de socavar los principios constitucionales y el estado de derecho, con implicaciones serias en las instituciones democráticas.
Esta centralización bajo un sistema vertical descendente, donde hay quien manda y quien obedece, que son los titulares de las secretarías y organismos descentralizados, quienes deben cumplir sin salirse del guión, con la instrucción precisa de llevar a cabo las decisiones que se toman desde el más alto nivel por una persona y un reducido grupo de colaboradores leales.
A fin de tratar de entender o por lo menos analizar la forma de gobernar de AMLO, habría que remontarnos al inicio del presente siglo, en donde el político cobra relevancia, ya que fue en el año 2000, cuando fungió como jefe del gobierno del D.F; tiempo que le ha permitido confirmar y consolidar su visión sobre su proyecto político denominado 4-T, el cual representa para el mandatario el todo o nada. De ahí deriva su perfil más confrontativo que deliberativo, que lo ha llevado a tener desencuentros con sectores que representan los contrapesos institucionales, como el más reciente con la decisión de un Juez del Poder Judicial, en contra de la reforma eléctrica planteada por ALMLO, determinación apegada a derecho y que viene a representar un punto de inflexión en este órgano impartidor de justicia.
En este gobierno que obtuvo en las urnas su legitimidad democrática y que busca diferenciarse del modelo neoliberal, el saldo ha sido de “claroscuros”, su estrategia de combate a la corrupción, austeridad gubernamental y enfocarse a la población marginada, le ha permitido hasta el momento, mantener índices aprobatorios en su actuación, entre el 60 y 65% dados a conocer por distintas casas encuestadoras, (El Financiero, Demotécnia, Buendía y Laredo), pero medidas como la cancelación de una obra emblemática (NAIM), insistir en la aprobación de otras obras no redituables, así como las decisiones tomadas en distintos temas durante la crisis inesperada de la pandemia, y el incremento de la violencia de los grupos delictivos han propiciado la crispación en diferentes segmentos de la ciudadanía.
Por lo que el avance de la oposición en los próximos comicios electorales estará supeditado a la capacidad de movilización de los millones que no votaron por AMLO, pero lamentablemente no se vislumbra algún incentivo para que esto se haga realidad. La discrepancia con la 4-T, ha sido enfocada por organizaciones con deficiente calidad moral y mercaderes de la información que capitalizan la molestia hacia este gobierno a fin de obtener un beneficio propio.
