Por: Daniel Vergara.
El juicio de amparo es un orgullo para los mexicanos, al tener la finalidad de proteger la estricta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es la única vía para hacer prevalecer el estado de derecho que garantiza la armonía común.
Con esto le recordamos al Titular del Ejecutivo Federal, los argumentos vertidos en la suspensión concedida por el Juez de Distrito, Juan Pablo Gómez Fierro, relacionados con el acto reclamado señalado con tintes de anticonstitucionalidad, consistente en: “El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil veintiuno.
Determinación judicial que evidentemente no fue del agrado personal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien amenazó que de ser necesario, “cambiaría” la propia Constitución, derivado de la concesión judicial relativa al decreto citado.
La suspensión judicial, tiene en efecto valor magistral por cuanto fue ordenada por un jurista investido con auctoritas, es decir un verdadero maestro o magister que, cuando resuelve, enseña instruye y alecciona.
De ahí que, el instrumento jurídico por el cual se ordenó la suspensión del acto reclamado, es fuente doctrinal de las instituciones y no puede separarse por propia naturaleza intelectual del trabajo teórico académico que, como se ha referido, define los rasgos finos de una institución jurídica, como lo es el Poder Judicial de la Federación, al que pertenece el distinguido Juez Juan Pablo Gómez Fierro.
Las relatadas y bien estructuradas instituciones, parecieran estorbar al actual Presidente; inmortalizando aquella añeja pero bien recordada frase de su autoría:
“Al diablo con las instituciones.”
Lamentablemente hoy se cumplen los pronósticos del año 2006, cuando iniciaban las comparaciones con el exdictador Hugo Chávez y nuestro actual Presidente Andrés López Obrador, en donde a éste se le describía como una persona intolerante, impositiva, con rasgos similares a Chávez.
Es necesario conocer la historia de la institución judicial federal, a efecto de cómo orientar las reformas que su evolución se precisen conforme las verdaderas exigencias del país, pues difícil sería para el ciudadano, el hombre de leyes y el juez, comprender la naturaleza de las instituciones jurídicas, si no se remontara a sus comienzos.
Qué hubiese sido del origen del juicio de amparo, si el Juez D. Pedro Zámano, en su carácter de primer suplente, no hubiese firmado osadamente la primera sentencia de amparo ese 13 de agosto de 1849, en el caso del quejoso D. Manuel Verástegui, a quien le concedió la protección constitucional, en contra del destierro ordenado por el Gobernador del Estado de San Luis Potosí.
Al firmar como supletorio, no se desestimó su probidad, sin integridad no puede haber justicia, pero rectitud quiere decir también puntualidad, que sería un valor de orden inferior sin ser utilizable en las prácticas secundarias de la administración de justicia.
Por lo expuesto, se destaca la excelente actuación del Juez Pablo Gómez Fierro, quien sin dejarse intimidar por el Titular del Ejecutivo Federal y menos aún por su superior jerárquico, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rememoró aquellas antiguas enseñanzas del sustituto del Juzgado de Distrito, D. Pedro Zámano, quien dispensó al quejoso D. Manuel Verástegui, del destierro ordenado por el entonces Gobernador del Estado de San Luis Potosí, concediéndole sin temor alguno, el amparo y protección de la justicia federal.
“Mi conciencia tiene para mi más peso que la opinión de todo el mundo”
Marco Tulio Cicerón
Licenciado Daniel Vergara Arias.
Abogado Penalista, miembro del Colegio Nacional de Abogados “Foro de México”, A.C.
@DanielV13802115
