Las comentadísimas soluciones políticas al estado de derecho, no sólo han conmocionado a los votantes del país, sino a todos los partidos políticos, incluso al propio morena.
Violar de manera flagrante y descarada los principios torales de la Carga Magna, nos hace meditar profundamente en que a la cuarta transformación le importa muy poco el respeto al Estado de Derecho, que simplemente resulta y resalta ser el regulador y ordenador de la vida jurídica en común de los mexicanos, .
Veamos para entenderlo a cabalidad que significa Estado: etimológicamente la palabra Estado –STATUS- se refiere a la situación. Ante una vaguedad como la citada, nadie puede quedar satisfecho.
La expresión latina –en cambio- STATUS REPUBLICAE- ya es por su segunda acepción: muchísimo más significativa, desde que Maquiavelo la introdujo.
En ese orden de ideas, cuando se intenta encontrar el mejor significado de Estado, nos encontramos en puridad con una realidad política, tornadiza y por demás polifacética.
La historia, la economía, la política y el derecho. La pretenden definir desde muy diferentes aristas.
La abogacía y algunos muy escasos políticos, estiman que el Estado debe de estar siempre subordinado al Derecho, toda vez que su Soberanía debe encontrarse limitada objetivamente por la regla inquebrantable del bien público.
Es de lamentarse y así lo hacemos que en esta cuarta transformación, se han violado a porfía normas jurídicas insertas en el Pacto Federal, ejemplo de ello el estiércol que produjo la “Ley Bonilla”, el diche chí, diche no que en su momento expresó la Secretaría de Gobernación a propósito de ella, la gran impunidad que se le pretende brindar a la delincuencia del poder, la honestidad indecente de Carlos Romero Deschamps, la pretendida amnistía a quienes por sentencia en el ayer se encontró culpables de graves delitos, la inseguridad, el sometimiento al narcotráfico en Culiacán, el circo político organizado para nombrar a Piedra Comisionada Federal de Derechos Humanos, la falta de virilidad para combatir la corrupción de Jueces y Magistrados, el blindaje a los políticos coludidos en el narcotráfico, la impunidad, la falta de crecimiento en la economía y otros muy largos etcéteras.
Con base en qué moral trapacera de sórdidos intereses demagógicos y políticos, se aceptan, sin más ni más, la ampliación de los mandatos para gobernar. Que lamentable resulta comprobar que los Congresos Estatales y Nacionales son meras marionetas políticas del poder ejecutivo, que de rodillas aceptan, -sin discusión,- y sumisión denigrante la consigna del Poder Central, para aceptar y en su caso proponer una serie de estupideces jurídicas.
¿En dónde queda, el valor jurídico de nuestro sufragio y de las normas expuestas en nuestra Constitución Política?
¿Los decíres y ocurrencias presidenciales, están por encima de la Ley y de nuestro Estado de Derecho?
¿Hacia dónde se dirige nuestro México, mi México, tu México, el México de nuestros nietos, el de todos nosotros?
¿Quienes son los verdaderos responsables de estos aberrantes hechos y qué asesores del Señor Presidente le recomendaron estas transgresiones a nuestro orden jurídico y a nuestro Estado de Derecho?.
El derecho, según nos enseñaron los más notables juristas, los más excelsos catedráticos universitarios como Don Salvador Mondragón Guerra, Don Franco Carreño, Don Fernando Castellanos Tena, Don Ricardo Franco Guzmán, Don Ricardo García Villalobos, Don Nestor De Buen Lozano, Don Iván Lagunes, Don Arnulfo Martínez Lavalle, “no es una creación arbitraria del hombre, sino acatamiento toral a exigencias éticas y sociales”.
Hay a juicio de muchos abogados de mi generación una lógica jurídico inmanente, que responde no sólo al orden jurídico ni al Estado de Derecho, sino a un orden natural en la vida social de nuestra hermosa Nación.
Debemos y a ello estamos obligados como Abogados, a cambiar el rumbo de nuestra Patria, evitar violaciones a nuestro Estado de Derecho, la más de las veces con burdas complacencias de pocos viriles jueces y magistrados.
Como abogados, como mexicanos nada ganamos con denigrar la figura presidencial. Debemos evitar violación a las normas por parte de la autoridad ya que con ello trastocan nuestro Estado de Derecho, el cual algunos han roto, en aras de una política mal entendida.
La Abogacía Independiente de la República, la sociedad en su conjunto incluyendo chairos y fifís queremos un absoluta limpieza en el ejercicio del poder, en nombre de la democracia, carente de arbitrariedad por parte de la autoridad.
¿Será qué intereses obscuros no vistos por el Poder Ejecutivo; están actuando como Caballo de Troya para acabar con nuestro México nuestra Patria, nuestro suelo, nuestro vuelo?.
Como abogados nos encontramos ahora obligados a recordarle a las autoridades que al haber juramentado sobre nuestra Constitución Política implica su subordinación a la norma. Por ello, como bien sostenían en su cátedra nuestros llorados maestros de la Facultad de Derecho es por esencia norma de imperio, inexorable e irresistible.
Pero por desgracia, con base en pésimos asesoramientos a nuestro presidente, con base en los lineamientos de una política mal aplicada, pretenden pisotear nuestro Pacto Federal.
México requiere ahora más que nunca el fortalecimiento, el engrandecimiento de nuestro Estado de Derecho, que recuperen la dignidad perdida nuestros diputados y senadores.
Estamos, todos lo sabemos, en un punto crítico, México, la política, la justicia, nuestras leyes están en un tobogán que puede llevar al fracaso a esta anhelada cuarta transformación, que nos puede llevar a destruir, en unos pocos meses más, toda nuestra muy enorme tradición jurídica y sobre todo, a perder nuestra dignidad como mexicanos.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
