Hace dos años en mi columna titulada “El Tráfico ilegal de vida silvestre, una batalla sin fin”, mencione el aumento considerable del tráfico ilegal de vida silvestre además de que constituye una actividad ilícita atractiva ya que genera importantes ganancias, ya que quien la practica reconoce su naturaleza de bajo riesgo del delito, aunado a que las sanciones no son equiparables a los daños causados, sumado al desconocimiento por la parte juzgadora para entender los llamados delitos contra el ambiente y su responsabilidad.
Para entender los delitos contra el medio ambiente, es prudente analizar el objeto de protección de los tipos de delito, ya sea, administrativo, civil o penal, en consecuencia, es obligatorio abordar la temática del bien jurídico desde una perspectiva de la dogmática penal. En materia de bienes jurídicos resulta fundamental identificar desde una perspectiva penal, cuáles pueden y deben ser considerados importantes para ser tutelados por éste y, cuáles otros merecen ser protegidos por otra rama del derecho, como pudiese ser; el derecho administrativo, el fiscal o cualquier otro.
Los delitos que atentan contra el ambiente se deben analizar como hecho material y no como circunstancia formal, es decir, analizar el tipo por un lado y el delito como hecho por el otro, pues si bien es cierto que la separación es clara, también lo es que el delito implica la materialización del mismo, siendo conveniente recordar la distinción entre el mundo real y el mundo formal a efecto de entender los elementos y características del hecho delictuoso y del tipo penal.
Los delitos ambientales se han construido sobre leyes penales con muy poco fundamento para ello, lo cual significa que los tipos penales exigen la satisfacción de requisitos previstos en leyes o disposiciones de carácter administrativo a fin de que puedan ser concretados, debatiendo si el derecho penal es la materia adecuada para englobar la protección del ambiente, o bien, si es la materia administrativa la que debe proteger dichos bienes jurídicos, en principio, por tradición la protección jurídica del ambiente, así como de la biodiversidad, recursos forestales, hídricos y ecosistemas han sido materia de leyes particularmente administrativas.
En enero de 2019, la ONU publicó la primera evaluación mundial sobre el estado de derecho ambiental, en conclusión, detalla que a pesar de la gran cantidad de leyes y organismos ambientales que proliferan en todo el mundo se fracasó en su aplicación, y de no fortalecer el estado de derecho ambiental, los marcos normativos, incluso los más rígidos estarán destinados al fracaso. Desde 1972 a la fecha, con la ayuda internacional se contribuyó para muchos países la concentración de más de mil acuerdos ambientales, desgraciadamente, ni con esta ayuda ni el presupuesto interno dieron lugar a la creación de organismos ambientales sólidos capaces de hacer cumplir las leyes con efectividad.
En los últimos años la participación del crimen organizado en los delitos contra el medio ambiente, en especial el tráfico ilegal de vida silvestre ha aumentado significativamente, representando ganancias que subsidian otras actividades ilícitas y convirtiéndose en una compleja problemática que exige medidas especiales y urgentes.
El tráfico ilegal de vida silvestre se basa en una red bien organizada, con diversos niveles de actuación y representantes, los cuales realizan actividades específicas, que en conjunto forman toda una cadena de tráfico. Esta especialización o partición de trabajo comprende; la extracción de los organismos de su medio natural, el acopio, el transporte, su distribución y finalmente su venta o comercialización.
El principal factor que detona el tráfico ilegal de vida silvestre es la demanda de mercado, la cual a su vez es promovida por los consumidores, en muchos casos impulsados por valores sociales y culturales profundamente arraigados. Tráfico que ha escalado hasta los medios digitales, ya que la comercialización de ejemplares, partes y derivados es más sencilla, y se puede acceder a un mercado global, con un mínimo de riesgo, debido a que los traficantes han encontrado nuevas formas de conectarse con compradores potenciales, utilizando aplicaciones de mensajería encriptada. El comercio en línea es particularmente difícil de combatir debido a la falta de transparencia, los marcos normativos inconsistentes y la limitada capacidad de aplicación de la ley.
El tráfico ilegal de vida silvestre es una problemática de gran complejidad que pone en riesgo no sólo a la flora y fauna silvestre, sino también al desarrollo social y económico de nuestras comunidades rurales y pueblos originarios, y su erradicación representa un gran reto para México. Reconocer sus repercusiones ambientales, sociales y económicas es el primer paso, ya que su naturaleza exige un enfoque sistémico e integral.
El éxito en el combate al tráfico ilegal de vida silvestre dependerá en gran medida de la voluntad política, de la toma de decisiones y de las acciones conjuntas para disminuir la oferta-demanda; la cultura de la denuncia ciudadana juega un rol trascendental en el combate y en la aplicación de la ley.
La gran escala que ha alcanzado en los últimos años en nuestro país exige esfuerzos de cooperación y colaboración institucional entre los distintos órdenes de gobierno, de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y de las comunidades rurales. Fortalecer los sistemas de justicia ambiental se torna fundamental, los cuales deben ser más sólidos, enfocados a mejorar los marcos jurídicos y robustecer los procesos de aplicación, sugiero definir en nuestro Código Penal Federal los delitos contra la vida silvestre como delitos de delincuencia organizada.
