La voracidad por recursos financieros de la actual administración federal al parecer no tiene limites. Ante la previsible dificultad financiera a la que habrán de verse sometidos sus programas prioritarios durante 2021, considerando que los cálculos optimistas en la recaudación fiscal difícilmente se alcanzarán ante la débil recuperación económica que ya se dibuja para ese año, PEMEX desliza su apetito por seguir consumiendo recursos de los mexicanos en ese barril sin fondo que constituye su deuda externa y ahora ha identificado al Banco de Mexico (BANXICO) como la dependencia factible de saquear para mantener viva la fijación irracional del Presidente de la República de convertir una empresa quebrada en el motor del desarrollo nacional.
De manera por demás torpe, la paraestatal filtra a la prensa los resultados de su reciente consejo de administración del 16 de junio pasado, donde se acuerda analizar la posibilidad de que el Banco de México “invierta sus divisas en títulos de Pemex”. Esta filtración, realizada a modo de exploración de la posible reacción que habría que enfrentar en la opinión publica y en el propio banco central, se dio una vez aprobado el presupuesto federal para el 2021, donde no se refleja la transferencia de recursos que se requeriría del gobierno federal para seguir manteniendo la operación de la empresa y mucho menos para hacer frente al pago de la onerosa deuda que tendrá que enfrentar a lo largo del próximo año.
Según datos de la paraestatal, el 28% de la deuda de PEMEX, casi 31 mil millones de dólares, tendrá vencimiento durante los próximos tres años, de ahí la urgencia de apropiarse de recursos que corresponden al Estado mexicano, no obstante que éstos están destinados a mantener la estabilidad monetaria del país, contribuyendo de manera fundamental a la viabilidad financiera y macroeconómica del mismo, de ahí el carácter de órgano autónomo del Estado con el que se dotó al Banco de México para proteger su función de los vaivenes sexenales.
Cabría recordar que en este ejercicio voraz de apropiación de recursos que ha caracterizado a la autodenominada cuarta transformación durante el 2019 (el primer año de gestión de AMLO), se dispusieron de aproximadamente 156, 500 millones de pesos del fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios (dicho fondo alcanzó a tener un monto de 279,770 millones de pesos en 2018) lo cual, con lo sustraído durante el 2020 ha extinguido prácticamente dicho fondo, en aras de financiar los programas sociales/electorales de la administración morenista, al igual que ocurrió con los fondos correspondientes a los 109 fideicomisos cancelados, los recursos del FONDEN y del Seguro Popular e incluso con el propio fideicomiso destinado a atender “enfermedades catastróficas”(de alto costo financiero) para la población de menores recursos, y sin embargo el populismo mesiánico no está satisfecho, requiere más recursos para apuntalar la construcción del Estado autoritario, indistintamente del costo que signifique para la viabilidad de la nación. Ahora, el Banco de Mexico está en la mira.
