- Preocupa la propuesta legislativa para reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
- La extinción del fideicomiso limitaría la operatividad y capacidad de respuesta para implementar medidas de protección y auxilio para las víctimas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado urgente a los legisladores del H. Congreso de la Unión, para que aseguren los recursos económicos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, ya que autorizar la propuesta que busca centralizar la administración de éste, sin las previsiones debidas, generaría obstáculos administrativos y burocráticos para acceder con inmediatez a los recursos para implementar medidas de protección y auxilio a las personas defensoras y periodistas que han sido víctimas de agresiones.
Esta Comisión Nacional destaca que, a través de este mecanismo, los agraviados han encontrado una oportunidad para continuar ejerciendo su labor informativa y de defensa de derechos humanos en beneficio de la sociedad, por lo que no debe perderse de vista, la importancia de transparentar el ejercicio del presupuesto público, evitar la opacidad en su manejo, promover su eficiente uso e impedir su desvío de los fines para el que está destinado.
Subraya que México se caracteriza por sus altos índices de violencia en contra de las personas defensoras, periodistas y comunicadores, quienes arriesgan su vida al realizar labores de defensa y denuncia pública, sobre múltiples situaciones como la inseguridad y corrupción, cuyas agresiones ocurren en contextos de especial o extrema vulnerabilidad, al relacionarse, en gran medida, con la presencia del crimen organizado.
La CNDH recuerda a las autoridades de los tres niveles de gobierno que el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección de las personas defensoras y periodistas, al advertir que existe el riesgo real e inminente de que se produzcan crímenes en su contra, cuando enfrentan violencia, impunidad y autocensura, aunado a la inexistencia o insuficiencia de medidas oportunas e idóneas para atender esos contextos.
Dicha obligación está prevista en el artículo 1 de nuestra Constitución, así como en los artículos 1.1 de la Convención Americana y XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
En este sentido, este Organismo Autónomo demanda a las autoridades, la impostergable creación de una política integral de prevención, protección y procuración de justicia, en la cual, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas juegue un papel fundamental, además de condiciones políticas, jurídicas y presupuestarias para su óptimo funcionamiento.
La CNDH continuará atenta a la evolución de la discusión parlamentaria en la que se espera conservar el fideicomiso público que opera el Mecanismo de Protección Federal.
