Es indudable que el proyecto político para conformar un Estado autoritario en México continúa avanzando a pasos acelerados. La concentración del poder político en un solo hombre se evidencia no sólo por la debilidad creciente de los contrapesos institucionales a la figura presidencial sino por la forma en la que López Obrador ejerce el poder que obtuvo inicialmente por una votación democrática y que ha venido acrecentando a través de acciones legislativas abiertamente opuestas a los preceptos constitucionales en beneficio del poder personal del ejecutivo.
Por ejemplo, ha empleado los recursos políticos que detenta la presidencia de la República para ir minando las facultades que constitucionalmente se asignan a los órganos autónomos, para lo que ha contado con el acompañamiento de su partido, mayoritario en ambas cámaras legislativas, al cual instruye modificaciones constitucionales y de leyes reglamentarias para modificar el andamiaje constitucional de la administración pública conforme a sus necesidades, cuando esto no es posible, se impulsan designaciones a modo que le roban independencia a estos organismos reguladores de las decisiones del ejecutivo o incluso se determina la desaparición de instituciones en beneficio de la capacidad discrecional del ejecutivo para decidir los asuntos públicos conforme a una conveniencia política particular.
La arbitrariedad que caracteriza la toma de decisiones del hombre que ocupa la silla presidencial, en este afán de concentración de poder, ha sido también un factor central en el rosario de renuncias que a lo largo de estos casi dos años de gestión de la autodenominada cuarta transformación, se han presentado en el equipo de trabajo cercano del Presidente de la República. Esta afirmación se sustenta en los propios textos de las renuncias y declaraciones de los servidores públicos que han preferido separarse del encargo presidencial dado el riesgo administrativo y judicial que avizoran les podría significar cumplir con esta dinámica administrativa de la 4T .
La reciente renuncia del titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado desnuda la grosera simulación en que se desempeña la 4T en sus supuestas intenciones de lucha contra la corrupción: De manera explícita, Jaime Cárdenas, prestigiado jurista y servidor público quien se había distinguido por su defensa del proyecto político de AMLO, reconoce que la determinación de renunciar a su encargo como titular de esta dependencia, creada en esta administración, se debió a la corrupción imperante en la misma y a la falta de apoyo institucional para combatirla, pero aún más, se duele de la falta de apego a la normatividad vigente que se le exigía para instrumentar las acciones que la oficina de presidencia le requería y que lamentablemente el propio presidente se atrevió a reconocer, justificando la ilegalidad del hecho, “en su búsqueda de justicia”.
En este contexto, se inscribe también la renuncia del Ing. Alfonso Morcos, director general del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), un organismo público descentralizado, el cual debiera administrar la red de distribución eléctrica nacional y que constituye el garante para evitar el control monopólico del sector como condición para propiciar la inversión de iniciativa privada en la producción de energías limpias. Morcos, quien se había pronunciado por una operación técnica en busca de la mayor eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional y el fortalecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista, experimentó el asedio de la Secretaría de Energía en su obsesión contra la inversión extranjera desde el inicio de esta administración y ahora será sustituido por un personaje cercano a Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad y Rocío Nahle, Secretaria de Energía quienes encabezan el empeño en regresar al sector eléctrico mexicano a su condición monopólica, no obstante la ineficiencia y las pérdidas financieras crecientes de la CFE, que se cargan a los usuarios de la electricidad cara y contaminante que produce esta empresa.
Así, en medio de una creciente polarización política que divide cada día mas al país, se avanza en un proyecto autoritario que de manera descarnada muestra su falta de empatía ante el luto social por la violencia criminal y la letalidad de una pandemia que siguen acumulando cadáveres mexicanos en aras de una obsesión mesiánica que, si no fuera por sus costos, sería digna de una comedia de humor negro.
El siguiente capitulo de esta transformación autoritaria lo constituye el acoso que significará para la Suprema Corte de Justicia de la Nación el resolver la trampa que implica la solicitud de pronunciarse respecto al enjuiciamiento de los expresidentes de la república. La intención de confrontar al máximo tribunal de la república con la “voluntad del pueblo” es una acción perversa que sin embargo servirá para el propósito de debilitar a un contrapeso fundamental al autoritarismo presidencial.
