En el marco del día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que se evoca cada 23 de septiembre, es un recordatorio para concientizar a todos los países acerca de este terrible crimen y sus consecuencias, buscando con ello adoptar acciones para su eliminación.
En el mes de enero de 1999 en Dhaka, capital de Bangladesh, fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, en conmemoración de la ley 9143 promulgada en Argentina el 23 de septiembre de 1913.
La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, siendo considerada como la esclavitud del siglo XXI y su erradicación se incluye en la Agenda 2023 para el Desarrollo Sostenible. Ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.
La trata de seres humanos constituye una violación grave de la dignidad, la libertad de la persona, y una forma de delincuencia grave , que según el Protocolo de Palermo, en su artículo 3 define la trata de personas como: La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
El Protocolo antes mencionado es el instrumento primordial de que se dispone para prevenir y combatir la trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas y promover la cooperación entre los países a fin de hacer frente a ese delito. Así mismo fue ratificado por México el 25 de diciembre de 2003 y es el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
El tráfico de personas como lo señale anteriormente es una grave violación de los derechos humanos. Año con año, múltiples hombres, mujeres y niños se convierten en víctimas de los traficantes, en sus propios países y en el extranjero. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por este tráfico, ya sea como lugar de origen de las víctimas, de tránsito o de destino.
De acuerdo a las estadísticas, las mujeres representan el 49% de todas las víctimas de trata, y las niñas el 23 por ciento. La trata de personas es canalizada a la explotación sexual, el trabajo forzado, el matrimonio forzado, la venta de niños, la adquisición de niños soldados, y la extracción de órganos.
En el caso de México se le considera como un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas y este delito se da a través del Norte y Centroamérica con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Los grupos más vulnerables del delito en México incluyen a mujeres y niños, migrantes indocumentados, personas indígenas, campesinos, obreros, trabajadores informales, jóvenes y personas analfabetas o con bajos niveles educativos. Además de que la trata es el segundo delito en importancia económica luego del tráfico de drogas según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Cabe señalar que, en nuestro país, durante 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a partir de las recomendaciones en la materia, ha solicitado diversas acciones a diferentes autoridades para garantizar el derecho a no ser sometido a trata de personas en concordancia con los últimos criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si bien los esfuerzos para abordar la trata de personas exigen un enfoque de múltiples organismos, que implica una estrecha coordinación entre los organismos gubernamentales pertinentes y las organizaciones internacionales y nacionales en un amplio espectro de actividades que abarcan la justicia penal, el compromiso judicial, los derechos humanos y el desarrollo.
La lucha contra la trata de personas no debe considerarse solamente responsabilidad de las autoridades. Los ciudadanos comunes pueden ayudar a combatir ese delito siendo conscientes del problema y asegurándose de que la penosa situación de las víctimas no pase inadvertida. Hay muchos modos de ayudar a combatir ese delito y lograr buenos resultados.
