La decisión del Instituto Nacional Electoral de negar el registro como partido político a “México Libre” reactivó la dinámica política electoral caracterizada por los discursos álgidos y descalificadores de los actores políticos. Por otro lado, la aprobación del partido evangélico “Encuentro Solidario”, aliado de la cuarta transformación en su versión anterior como Partido Encuentro Social (PES), estará presente asimismo, en la discusión de concepto de laicidad que debiera caracterizar a las instituciones políticas partidarias.
La decisión del Consejo General del INE, en votaciones divididas, seguramente seguirá su curso a las instancias judiciales y será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien tendrá la decisión última ante las demandas de parcialidad, incongruencia y falta de transparencia con que se ha calificado lamentablemente la actuación del INE por las organizaciones que se consideran injustamente evaluadas por el órgano electoral.
Un elemento particularmente preocupante de este inicio de proceso electoral es la conducta del Presidente de la República. El ánimo rijoso y falto de civilidad política mostrado por AMLO respecto a Felipe Calderón, promotor principal de “México Libre” muestra las prioridades presidenciales, participación activa en el proceso electoral y uso de su investidura para el cobro de agravios a sus adversarios políticos, sin importar el costo que esto signifique al proceso electoral mismo en cuanto a su equidad y transparencia.
La degradación del proceso político electoral encuentra en el activismo presidencial su mayor dinamizador, la creciente polarización social promovida desde el púlpito presidencial y la injerencia desnuda de quien debiera asumirse como jefe de estado y no de facción política, sobre las decisiones de los organismos responsables del proceso democrático, amenazan la legalidad y legitimidad de las elecciones. La gran interrogante es si los mexicanos integrantes de los órganos de decisión tanto del INE como del TEPJF tendrán la consistencia moral y republicana para detener este activismo ilegal e irresponsable y si la sociedad civil se manifestará enérgica y organizadamente en defensa de su derecho a decidir en un ambiente de paz social y respeto al voto libre y sin coacción.
El fracaso manifiesto del gobierno federal para enfrentar las crisis que asolan a la población hace prever que su interés se centrará en acrecentar con acciones mediáticas los temas de la supuesta lucha anticorrupción y anuncios retóricos de la supuesta recuperación acelerada de la dinámica económica. No obstante, la terca realidad que enfrentan las familias mexicanas, violentadas por un manejo irresponsable de la pandemia del coronavirus, que sigue cobrando vidas de miles de mexicanos, la pérdida de ingresos que ha llevado a millones al nivel de subsistencia alimentaria y la violencia cotidiana que ejercen sobre la población las bandas del crimen organizado hacen prever un desgaste creciente del discurso gubernamental y el deterioro de la autoridad presidencial. El espectáculo de los tribunales populares no alcanzará para cubrir la auto derrota de un proyecto de concentración autoritaria del poder.
Pero es precisamente la desesperación de un gobierno bisoño, la que abre la tentación a buscar su permanencia en el ejercicio del poder político a través de violentar la ley pretendiendo construir una elección de Estado a través del uso electoral de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, para lo cual, en la Secretaría del Bienestar se han convocado a operadores electorales y se ha designado como titular a un personaje sin mayor experiencia en la administración pública, cesado incluso por la anterior titular dada su ineficiencia en su encargo administrativo previo y reinstalado por el Presidente de la República, para el uso de esta dependencia —sin asomo de rubor— en este atraco a la democracia mexicana.
