El desprestigio de las instituciones de la república abona directamente al desprestigio de la democracia como forma de gobierno y pavimenta el camino del autoritarismo al presentar al líder populista como la alternativa única para enfrentar los males que aquejan a una sociedad, sustentando esto en un discurso falaz y maniqueo sobre un futuro promisorio y un encubrimiento inmoral de las intenciones verdaderas del demagogo.

Es en este contexto que se da el arranque operativo de la consulta ciudadana para encubrir la intención presidencial de dar continuidad a la gran farsa de la lucha contra la corrupción. Efectivamente, la decisión política de la presidencia de utilizar este recurso para continuar extendiendo en el tiempo el distractor que ha significado el caso Lozoya en la opinión pública, se va a consumar con la disposición del partido MORENA de consultar lo obvio — y por demás ocioso— desde el punto de vista jurídico respecto si los mexicanos se pronuncian a favor de enjuiciar a los expresidentes.

Indistintamente de los múltiples aspectos jurídicos que ponen en duda el que la actual administración cuente con elementos de prueba consistentes para poder iniciar un proceso judicial ante el Ministerio Público y que siente en el banquillo de los acusados a algún ex presidente de la república, lo cierto es que el tribunal de carnaval sacia el morbo social y permite el empoderamiento fugaz del resentimiento y la venganza política, lamentablemente el costo a pagar es el fortalecimiento de la impunidad jurídica de los infractores de la ley que alimenta la corrupción sistémica que padece la nación.

El tramposo recurso discursivo de separar la aplicación de la ley de la obtención de justicia, que si bien se ve validada por la falta de eficacia actual de los órganos judiciales, no justifica la negación de los mismos, obligaría a su rediseño institucional y mejoramiento operativo para alcanzar el cumplimiento óptimo de sus objetivos constitucionales. La falta de talento político y administrativo de la denominada cuarta transformación evidentemente no le permite emprender un reto de gestión publica de esta magnitud, el resultado catastrófico obtenido en la modificación del Sistema Nacional de Salud mostró las limitaciones del equipo presidencial.

Sin embargo, un efecto pernicioso que parece buscarse en el fondo de esta nueva puesta en escena del López Obradorismo se dirige hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual tendrá que validar la procedencia del resultado previsible de la consulta. Ante una mayoría que habrá de pronunciarse por el “sí” en la consulta, el rechazo de la Corte ante esta engañifa política por su improcedencia jurídica traerá un severo ataque a la Corte y a sus magistrados que dará una continuidad vigorosa al asedio que el poder judicial ha resistido desde el inicio de la administración actual. Recuérdese el bloqueo que por meses se realizó de los accesos a la sede de la Suprema Corte por militantes de MORENA como respaldo a las presiones del Presidente de la República en su primera intentona para controlar las desiciones del máximo tribunal de la nación. De avalar la realización de la consulta, la Corte enfrentará un severo cuestionamiento a su rigor jurídico y legitimidad que mermará su función como contrapeso del poder presidencial, debilitando el equilibrio de poderes establecido por la constitución, e incluso, le restará el apoyo social que requiere la resolución de la agenda pendiente de controversias constitucionales que tienen que ver con iniciativas presidenciales aprobadas por el Congreso y que en este momento se encuentran impugnadas y de cuya resolución depende significativamente el futuro de la denominada cuarta transformación.  Para la Corte es un tema de perder-perder.

Así, la destrucción de las instituciones republicanas continúa de manera sistemática empedrando el camino del Estado autoritario en construcción.