A casi dos años de su nombramiento en septiembre de 2018, Santiago Nieto Castillo busca ampliar el poderío de la UIF para ir en contra de grupos delincuenciales y políticos corruptos, a través del bloque de cuentas, denuncias y su incorporación al Sistema Nacional Anticorrupción que junto con otras dependencia de gobierno, como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, le permitirían identificar redes de corrupción política.
En un informe rendido a finales de 2019, Santiago Nieto destacó que su administración ha seguido cinco líneas de acción encomendados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, corrupción de funcionarios, la trata y tráfico de personas, empresas fantasmas y factureras, robo de combustible y el combate al narcotráfico, además de investigaciones de alto perfil que le han permitido bloquear más de 6 mil millones de pesos. Entre los investigados se encuentra el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, Odebrecht, Rosario Robles, Juan Collado y el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
A Santiago Nieto se le encomendó en 2018 uno de los aspectos principales que según el entonces secretario de Hacienda Carlos Urzúa es clave en cualquier sistema democrático, el combate a la corrupción, el lavado de dinero y el uso de recursos de procedencia ilícita. En uno de sus informes de resultados, Nieto afirmó que la Cuarta Transformación terminará con la corrupción, origen de la desigualdad social y económica que golpea a México, además de la violencia e inseguridad.
En lo que resta del sexenio, la UIF afirmó que irá hasta las últimas consecuencias ampliando los grandes resultados que ha dado su oficina. Durante 2019, la UIF ha reunido más de 4 mil millones de pesos y 51 millones de dólares a través del bloque de 12 mil cuentas de empresas y personas, 411% más que el año anterior. En la última lucha anunciada en contra de 43 empresas factureras, Nieto buscar reparar el daño al fisco que ha causado la pérdida de 55,125 millones de pesos en recaudación a través de la compra/venta de comprobantes fiscales para amparar operaciones inexistentes.
