Diputados PAN proponen sancionar las agresiones y discriminación a personal médico, de seguridad, y protección civil

 

  • Las agresiones al personal de salud, de seguridad y de protección civil se sancionarán de 3 a 12 años de prisión
  • La falta de insumos o instrumentos médicos se considerarán como faltas administrativas graves

Ante los recurrentes casos de agresión al personal médico en la entidad mexiquense, así como por las protestas por falta de insumos y equipo médico para hacer frente a la pandemia por COVID-19, los diputados locales del PAN de la LX Legislatura Local, Anuar Roberto Azar Figueroa, Javier González Zepeda y José Antonio García García presentaron una iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, a fin de sancionar las agresiones y la discriminación al personal médico, de seguridad o protección civil, así como la falta de insumos o equipo al sector salud.

Durante la primera sesión a distancia de la Diputación Permanente de la LX Legislatura Mexiquense, el diputado local del PAN, Reneé Rodríguez Yanez dio lectura a la iniciativa de sus compañeros de bancada, señalando que ante las agresiones en contra del personal médico que atiende a pacientes de COVID-19, es necesario implementar diversas medidas que garanticen sus derechos y su integridad física y moral.

La iniciativa presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del PAN, también contempla la posibilidad de que por falta de equipamiento e insumos para hacer frente a la emergencia sanitaria, se vea perjudicada la seguridad laboral del personal de salud o se transgreda y ponga en riesgo su salud y su vida, así como la de su familia.

Ante este contexto, resulta prioritario que las autoridades suministren insumos e instrumentos necesarios de manera eficiente y oportuna al personal médico que participa en la primera línea de atención y batalla contra el Covid-19.

Anuar Azar, Javier González y José García señalan en su iniciativa que “esta emergencia sanitaria pone de manifiesto valores como la responsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno, para acatar y fortalecer las medidas preventivas y de la tolerancia para reconocer que hay ciertos grupos en la población que no pueden detener sus actividades por las inminentes necesidades personales y de servicio, pues resultan fundamentales para las estrategias del Estado, durante esta contingencia sanitaria”.

En este sentido, la iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN busca adicionar el artículo 211 y el artículo 238 bis al Código Penal del Estado de México, para que “cuando la conducta sea cometida en contra del personal médico de servicios de salud pública o privados, seguridad o protección civil, durante el periodo que comprenda la declaración de una contingencia o emergencia sanitaria declarada por las autoridades competentes, la pena de prisión incremente de tres a cinco años”, delito que se perseguirá por querella.

Contemplando además que el artículo 238 bis, señale a la letra que “las penas a que se refiere el artículo 237 se incrementarán hasta en una mitad, cuando el ofendido sea del personal médico de servicios de salud pública y privados, seguridad o protección civil. Cuando las conductas señaladas en el presente artículo se cometan durante el periodo que comprenda la declaración de una contingencia o emergencia sanitaria declarada por las autoridades competentes o, quien las infiera sea un servidor público, las penalidades del párrafo anterior se aumentarán hasta en una mitad”, delito que se perseguirá por oficio.

Los diputados locales del PAN, Anuar Azar, Javier González y José Antonio García también proponen adicionar diversas disposiciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios para que se consideren como faltas administrativas graves de los servidores públicos, cualquier acto u omisión de incumplimiento a las medidas de seguridad y falta de otorgamiento de los insumos e instrumentos necesarios para el cumplimiento de los servicios públicos; que pongan en riesgo la seguridad o salud del servidor público y de su familia, o la salud de la població

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