En el Estado de México es un derecho constitucional de todos y todas recibir educación y es obligación, tanto del Estado como de los municipios, impartir instrucción inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior conforme a la reforma al artículo 5 de la Constitución Política local aprobada por la 60 Legislatura local.
Acorde al compromiso de los legisladores locales de impulsar la educación en todos sus niveles por considerar que es la mejor herramienta para la transformación del país y la entidad, avalaron también dos reformas para establecer el derecho de los y la mexiquenses a recibir educación y capacitación financiera.
La primera de las reformas referidas fue propuesta en su oportunidad por los diputados Reneé Alfonso Rodríguez Yánez y Anuar Roberto Azar Figueroa, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN. En general se trata de armonizar la Constitución estatal con lo que en el ámbito federal estipula también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Respecto de la educación financiera, se trata de iniciativas que presentaron, por separado, la legisladora María de Jesús Galicia Ramos (morena), Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, y José Antonio García García, legislador del PAN.
María de Jesús Galicia expuso que educar a las y los jóvenes en materia de finanzas personales les permitirá tomar decisiones adecuadas para su situación y necesidades económicas.
“La educación financiera tiene un papel relevante durante la infancia, adolescencia y juventud; si se transmite correctamente, puede formar adultos informados, responsables con su dinero y con menor probabilidad a sobre endeudarse”, señaló.
Para el PRD la educación pública deberá proporcionar nociones y habilidades en educación financiera, entendida como “la que trata sobre cómo establecer una relación con el dinero que genere valor”. El PAN, por su parte, considera que la buena administración ofrece mejores alternativas de vida, ya que es uno de los motores del cambio social que permite un desarrollo que genera un capital humano, con la capacidad de tomar decisiones financieras adecuadas y responsables. Estas dos iniciativas se conjuntaron y aprobaron en un solo decreto, el cual modifica diversas disposiciones de la Ley de Educación estatal.
Además de estas iniciativas, los legisladores se han mantenido atentos a las demandas de la población en materia educativa, por lo que también han aprobado diversos exhortos a las autoridades con el fin de corregir o atender problemas varios.
En diciembre de 2019, a propuesta de la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez (morena) se aprobó por unanimidad un exhorto al secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, para que se vigile la actuación de los supervisores de las zonas escolares y sancionar las ausencias injustificadas del personal docente.
En noviembre fue avalado un llamado al mismo secretario para implementar una campaña de orientación a padres de familia o tutores sobre la correcta educación de los menores y evitar cualquier tipo de maltrato infantil, punto de acuerdo planteó por el coordinador de la bancada panista Anuar Roberto Azar Figueroa.
En agosto, con el inicio del actual ciclo escolar, por iniciativa de la legisladora del PAN Karla Leticia Fiesco García se llamó a los secretarías de Educación federal y estatal a implementar campañas de donación de útiles escolares y uniformes en buen estado, para que sean reutilizados por los alumnos y contribuir a la disminución del gasto familiar.
Las y los diputados aprobaron también por unanimidad otro exhorto, al gobernador Alfredo del Mazo Maza y al secretario de Educación, a tomar las medidas preventivas y disciplinarias necesarias para evitar el cobro de cuotas escolares en las instituciones de educación pública de nivel básico.
Por iniciativa de los legisladores Karla Fiesco García y José Antonio García García (PAN) la 60 Legislatura aprobó exhortar a los rectores y directores de las universidades públicas y privadas, así como a los titulares de institutos y centros de investigación de educación superior cuyos centros educativos se encuentran ubicados en la entidad, a que establezcan protocolos eficientes de actuación para prevenir en sus planteles los casos de agresiones sexuales, como hostigamiento y acoso.
A este pedido, aprobado en abril de 2019, se sumó la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez (morena), quien pidió conminar en el mismo sentido a las autoridades de las escuelas de nivel medio superior y básico, debido a que en ellas se presentan también estos casos.
En marzo de 2019, el Pleno avaló por unanimidad un exhorto a las secretarías de Educación del estado y de Educación Pública federal, así como a los presidentes municipales de la entidad, para que se creen más Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) y para que en los existentes se fortalezcan y mejoren las condiciones de infraestructura e instalaciones, de materiales didácticos y operativos, así como de estabilidad laboral y seguridad social del personal que ahí labora, presentado por el diputado Max Correa Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario de morena.
