Experimentamos una involución democrática. Durante mucho tiempo se pensó, erróneamente, que el desarrollo de una cultura política atenta al actuar de los gobernantes y el establecimiento de instituciones autónomas fortalecería los equilibrios indispensables en cualquier sistema de elecciones libres, competitivas y legales. Se creía que ello sería suficiente para contrarrestar cualquier intento autoritario por revertir las conquistas logradas por medio de grandes luchas sociales. Ingenuamente se consideraba que la ciudadanización había llegado para instalarse en nuestro sistema político de modo definitivo. Nada más falso. Los retrocesos que observamos confirman que el cambio no siempre es hacia adelante, sino que también existen transformaciones hacia atrás. Con la llegada al poder de la 4T, no se ha hecho otra cosa que desmantelar el sistema de garantías jurídicas, sociales y políticas fatigosamente conquistadas por los ciudadanos.
El persistente maltrato que sufren las mujeres y el incremento de los feminicidios muestra la ineficacia de las políticas para enfrentar la violencia sistemática de género. Es conocido que el gobierno disminuyó los presupuestos y canceló importantes programas de apoyo a las mujeres que fortalecían la equidad de género, garantizaban la protección de sus derechos humanos y prevenían las discriminaciones que afectaban su vida cotidiana. Así aconteció con las estancias infantiles que apoyaban a las madres trabajadoras, con las políticas públicas hacia las niñas, adolescentes y mujeres violentadas y maltratadas cancelando sus albergues y refugios, con las estrategias de inclusión educativa, con las políticas de apoyo al empleo femenino y para prevenir la discriminación de niñas y adolescentes. Además, se dejaron sin recursos diversos programas de salud para atender problemas de cáncer, VIH y otras enfermedades graves que aquejan a mujeres de todas las edades. La negligencia burocrática también representa una forma agravada de feminicidio.
Frente a estas cuestionables decisiones las mujeres integrantes del Gabinete han guardado un silencio cómplice o de plano han salido a externar ocurrencias. Todo esto, en un contexto en el que durante 2019 hubo más de 51,000 delitos sexuales y 1,010 feminicidios sin contar los casos no denunciados. Tan sólo en enero de 2020 ya se contabilizan 73 asesinatos de mujeres con una tendencia al incremento. El gobierno no entiende que las mujeres enfrentan una auténtica guerra plagada de crímenes de odio, violaciones, matrimonios infantiles, prostitución y trata de personas, así como de castigos a las insumisas. Debemos acabar con el papel secundario y devaluado que se les ha impuesto en nuestra sociedad, eliminar su sometimiento a la dominación patriarcal y la intervención del Estado en el cuerpo de las mujeres. Es urgente combatir la violencia, así como los abusos y acosos que se ejercen cotidianamente sobre la mitad de la población.
Reivindicamos la ira femenina para generar cambios positivos duraderos. Misoginia, pobreza, discriminación y violencia de género son ignoradas por nuestros gobernantes de forma recurrente, por ello es urgente manifestar nuestro apoyo a la convocatoria formulada por millones de mujeres al paro nacional #UNDÍASINNOSOTRAS que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo. No hay que cambiar a las mujeres sino a las estructuras de poder que las oprimen. Frecuentemente cuando no sabe cómo reaccionar frente a sus errores en la conducción del Estado, el presidente López Obrador, afirma: “la culpa es de mis adversarios, que son los conservadores”. Pero en este caso, es necesario decirle que dadas las estrategias que ha impuesto a la sociedad: “el conservador eres tú”.
