Los recursos naturales se están perdiendo a un ritmo sin precedentes, a pesar de que en las últimas décadas se ha avanzado en su protección, restauración y conservación, todo indica que su pérdida está llegando a niveles críticos. Por ello, el cambio en los modelos de desarrollo y consumo para avanzar hacia una economía sostenible que minimice el impacto de las actividades humanas debe ser la primicia.
Las leyes ambientales son la más clara manifestación de conciencia ambiental que tienen los gobiernos frente a las problemáticas ambientales, y es a través de normas, decretos, acuerdos, leyes, reglamentos, etc., que se ha podido no solo educar y crear conciencia ambiental, sino exigir una responsabilidad en el uso adecuado de los recursos naturales y mitigar los impactos negativos al medio ambiente. Uno de los objetivos principales de las leyes ambientales es buscar una equidad, igualdad y armonía de condiciones entre el medio ambiente y sus habitantes.
Hoy en día enfrentamos grandes problemas ambientales, como por ejemplo: la contaminación del aire, generada como consecuencia de los gases emitidos por automóviles y fábricas, lo cual ha generado problemas respiratorios crónicos en la población -especialmente en las grandes ciudades-, la contaminación del agua, entre otras cosas, producida por el crecimiento sin control de la población, la deforestación y trasformación de los ecosistemas, principalmente para el desarrollo de centros urbanos e industriales, así como la perdida de la biodiversidad.
Estos problemas ambientales involucran a las regulaciones locales, cuya aplicación no es estricta en cuanto a su prevención, o en las sanciones correspondientes una vez cometida alguna infracción, así como la falta de capacidad técnica y operativa por parte de las instituciones encargadas de aplicar las leyes ambientales.
Como había comentado, las leyes ambientales surgen de la necesidad de responder ante la sociedad a los problemas ambientales que se presentan, ya que el ser humano siempre ha tenido interés en el dominio de la naturaleza, dichas leyes creadas con un marco “lógico”, suponiendo la respuesta a la necesidad de explotar los recursos naturales siguiendo un camino de racionalidad, sostenibilidad y protección del medio ambiente.
La responsabilidad social sobre el medio ambiente debe ser cabal, por ello, es de gran importancia la toma de conciencia de la sociedad sobre estos problemas. El estado es el responsable de garantizar la protección del medio ambiente a la par con la sociedad, ya que es una garantía constitucional, por lo tanto, está obligado a preservar lo estableciendo y velar su cumplimiento.
Por lo tanto, la defensa del medio ambiente es una responsabilidad compartida entre la sociedad y el Estado; este último debe ser quien ejecute las políticas necesarias de protección, restauración, mitigación y conservación. El enseñar y concientizar para que la sociedad modere su comportamiento con el fin de proteger y garantizar la continuidad de los recursos naturales, es tarea de la educación, pero exigir ese comportamiento a través de las leyes ambientales.
Nuestras leyes deberían de ser más estrictas con las sanciones, promover mayores acciones de mitigación, restauración y compensación de daños, castigos ejemplares a los delincuentes ambientales y promover estrategias eficientes para educar a la sociedad.
Cuando se creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo -año 1984-, como organismo independiente a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, representaba uno de los más importantes esfuerzos para la integración del desarrollo sostenible en la política gubernamental de las naciones.
Su objetivo era construir un futuro próspero, más justo y seguro para la humanidad, replanteaba el diseño de las políticas de desarrollo económico, reconociendo que el actual avance social se está llevando a un costo medioambientalmente alto. Indicaba, que era fundamental cambiar las políticas de controles demográficos, sobre la conservación y protección de los ecosistemas y del uso de los recursos naturales no renovables, todo ello basado en una relación armoniosa y próspera con el medio ambiente, sin embargo, son pocos los países que han adoptado estos principios, y México se ha quedado en el intento.
En muchas ocasiones se ha dicho que el problema del derecho ambiental en México no es la carencia de leyes, sino su aplicación; recordemos que México es uno de los primeros países que legislaron en materia ambiental, en el año de 1971 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación; en 1981 la Ley Federal de Protección al Ambiente y en 1988 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pero fue hasta 1992 que se crea la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), dependencia federal encargada de aplicar la leyes federales en Materia Ambiental.
La aplicación de las leyes ambientales no ha sido lo más apropiado, ya que en muchas ocasiones el ejercicio de las facultades de las autoridades ambientales se aleja claramente de los principios fundamentales de legalidad y del debido proceso.
La falta de capacidad de las instituciones, que en principio estarían obligadas a hacer cumplir la ley se convierten en un verdadero obstáculo para el disfrute del derecho a un medio ambiente sano del que debemos gozar todos los mexicanos, constitucionalmente, y hace inviable la consecución del desarrollo sustentable de México. Por otro lado, la aplicación inapropiada de la legislación convierte a ésta en un instrumento distorsionador de las reglas, al mismo tiempo que no se favorece al desarrollo sostenible, y nuestro país se convierte en un territorio de oportunidades que poco a poco minan y degradan los recursos naturales.
Ante esto, el desarrollo y creación de políticas y leyes ambientales, dada su naturaleza, deben seguir un orden lógico y práctico, por lo que deben ser elaboradas por expertos y/o especialistas en la materia, ya que es fundamental que los diversos eslabones que forman esta cadena de leyes deban ser interpretados de la mejor manera, para que en su aplicación no se trasgredan intereses ecológicos, económicos y sociales, es decir, no se perjudique la sustentabilidad del país y se puedan aplicar de forma correcta, sancionando y castigando a los verdaderos delincuentes ambientales.
Antero Carmona
*El autor es Médico Veterinario por la UAEMex. Ambientalista, incansable difusor de la protección, conservación y desarrollo sustentable de los recursos naturales, y promotor del trato digno y bienestar animal.
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