- Poder Judicial excluye a juristas con méritos profesionales y académicos reconocidos
Toluca, Estado de México.- La Legislatura aprobó por mayoría un exhorto al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México para que ajuste las convocatorias del concurso de oposición para 10 magistrados en materia penal y civil, pues no cumplen con las reformas legales aprobadas por la Cámara local en julio.
La diputada Azucena Cisneros Coss presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, en el que recordó que la Legislatura aprobó el decreto 69 que reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México y que incluye en la convocatoria para nuevos magistrados a juristas con méritos profesionales y académicos reconocidos.
La ley establece que el Consejo de la Judicatura se encargará de la selección, a través de la Escuela Judicial, que impartirá el curso de capacitación y practicará el concurso de oposición, que deberá ser público y abierto.
El Órgano de Vigilancia, Administración y Disciplina del Tribunal Superior de Justicia (Consejo de la Judicatura), publicó el 15 de octubre dos convocatorias para el concurso de oposición para magistrados civiles (03 plazas) y penales (07 plazas), sin considerar las reformas legales aprobadas.
“La convocatoria actual imposibilita a los juristas con méritos profesionales y académicos reconocidos, acceder al cargo de magistrado, toda vez que no estarán en aptitud de cumplir el requisito citado y también discrimina a la gran mayoría de los Jueces de Primera Instancia que no se inscribieron al curso impartido por la Escuela Judicial”, acusó la morenista.
Adicionalmente, destacó que el curso para magistrado fue impartido mediante invitación cerrada de funcionarios judiciales, no por convocatoria, por tanto, no puede ser vinculatorio.
Y argumentó que el Consejo de la Judicatura al pretender dar validez a un curso impartido con antelación a la reforma, viola ésta, pues un curso realizado antes del nacimiento de la nueva ley no puede producir efectos en contra de la misma.
La legisladora refirió que de aceptarse esas convocatorias, constituiría una flagrante violación al artículo 5° Constitucional, al impedir a los juristas destacados del Estado de México y a los jueces de primera instancia ratificados, la posibilidad de acceder al cargo de magistrado, lo que provocaría una infinidad de juicios de amparo.
“No podemos permitir que sigan vulnerando las determinaciones de este poder soberano en perjuicio de la apertura del Poder Judicial y la democratización de nuestro estado, ningún ámbito del poder público debe asumirse excluido del proceso de transformación republicana, de una gran mayoría que se ha propuesto combatir la impunidad y la colusión de intereses, cerremos el paso a las argucias que pretenden suplantar la plena legalidad”, denunció Cisneros.
Llamó al Consejo de la Judicatura a atender el exhorto, dejar sin efecto las actuales convocatorias y emita otras nuevas donde se atiendan las observaciones constitucionales, pues de lo contrario, la 60 Legislatura estará en la posibilidad de analizar la procedencia o no de la aprobación de los nombramientos de magistrados que en su oportunidad se realicen.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura, Maurilio Hernández González, recordó que el Poder Judicial es una de las instancias que se resiste a los cambios en la entidad, con su transformación interna y en materia de austeridad.
“Cómo pretendemos que abogados probos, preparados que no están dentro del Poder Judicial puedan participar si no se ha abierto esta posibilidad, entonces lo que estamos pidiendo es que se apeguen estrictamente al cumplimiento de la Ley que ya está vigente, son los ejemplos que estamos dando de cómo gradualmente tenemos que estar avanzando”, advirtió el también líder morenista.
El diputado Faustino de la Cruz denunció en entrevista que en el Tribunal de Justicia estatal hay 10 magistrados que son suplidos de manera temporal cada 15 días, como una trampa del presidente del organismo, pues si rebasan ese periodo debe notificar a la Legislatura.
“Es una forma de evadir esta responsabilidad al estar nombrándolos cada 15 días para agotar todo el procedimiento a su favor y tener las condiciones para que en enero que se va a elegir al presidente del tribunal tener votos a modo”.
