Para combatir los diferentes abusos de poder que desde el Ejecutivo se cometen contra la nación o contra la sociedad, algunos sistemas democráticos tienen previsto en sus ordenamientos constitucionales la figura del impeachment que es un proceso orientado a la destitución de un alto representante del Estado. Típico sobre todo de los regímenes presidencialistas del mundo anglosajón donde esta figura del derecho permite imputar cargos contra un jefe de gobierno que puede concluir con la revocación de su mandato y la separación del cargo. Representa un enjuiciamiento político que se activa cuando un gobernante es acusado formalmente por el Poder Legislativo. Si ha sido objeto de un proceso de destitución se enfrenta a la posibilidad real de ser condenado por una votación del Congreso que deriva en su destitución e inhabilitación.
El impeachment, también conocido como moción de censura, juicio político, deposición o acusación pública generalmente conduce después de largas deliberaciones, aportación de pruebas y un debido proceso legal, a la separación del cargo ostentado. Esta figura jurídica existe en diferentes países y actualmente se lleva a cabo en los Estados Unidos contra su Presidente Donald Trump acusado de abusar del poder para conseguir sus propios intereses, en este caso solicitando al Presidente de Ucrania que investigue al hijo de Joe Biden, uno de los candidatos del partido demócrata y quizá su principal contrincante para la inminente sucesión presidencial. Aunque Trump acusa a sus opositores de querer promover un golpe de Estado, resulta evidente el uso político del espionaje para chantajear y manipular a la opinión pública. En este caso representa una prueba irrefutable de que el fin justifica los medios.
La Constitución de los Estados Unidos garantiza que los altos funcionarios puedan ser procesados por mandato de la Cámara de Representantes a causa de delitos considerados graves. Del mismo modo que en el modelo británico —donde el proceso de destitución fue establecido para poder juzgar a los altos cargos de la Corona desde el siglo XIV— una vez que el Congreso abre el proceso, es el Senado quien se encarga de llevar a cabo el juicio político. Aunque no es un procedimiento sencillo sino más bien largo y tortuoso, el presidente estadunidense tiene un amplio margen de maniobra para obstaculizarlo e incluso resultar absuelto. Aun así el impeachment es una formidable herramienta de control para el mantenimiento del equilibrio de poderes en manos del Poder Legislativo dominado por los demócratas, para limitar los abusos del Poder Ejecutivo actualmente en manos de los republicanos.
Frente al Presidente se levanta, por separado, el Poder Legislativo. Si del Presidente depende la implementación de las políticas públicas, y principalmente la fijación de un plan de gobierno, el Congreso es el órgano encargado de generar decisiones por medio de la legislación. En este esquema el talón de Aquiles del Presidente reside en la necesidad de contar con un Parlamento que no obstaculice sus iniciativas toda vez que cada poder conserva su independencia respecto del otro. Bien haríamos en México si pudiésemos introducir este mecanismo de control de la legalidad política, sobre todo en los tiempos actuales donde la división y el equilibrio entre los poderes se diluye con un Congreso sometido, un Poder Judicial que ejerce el control de la constitucionalidad de las leyes al gusto del Poder Ejecutivo y con organismos constitucionalmente autónomos que languidecen abdicando de sus mandatos.
