La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades federales para que la agenda migratoria tenga perspectiva de género y familia para mayor protección y alcance en favor de las personas en contexto de movilidad, al tiempo que presentó la Declaración sobre Género, Migración y Familia, elaborada por este Organismo Nacional, que fue suscrita por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Al inaugurar el conversatorio “Género, migración y familia: su problemática”, el Quinto Visitador General de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, destacó que se trata de hacer conciencia sobre la violencia que enfrentan mujeres, niños y familia en contexto de migración, y poner sobre la mesa todas las vulnerabilidades que enfrentan quienes dejan sus hogares y países en busca de una vida mejor.

Destacó que las personas migrantes, en especial las mujeres, enfrentan hasta triple vulneración de sus derechos, y aseguró que la mujer migrante es víctima de violencia en sus diversas modalidades, y apuntó que violencia física, verbal, discriminación por género y fragilidad son las situaciones que se incrementan cuando se está en condiciones de movilidad, aspecto que se extiende a la familia.

Al suscribir la Declaración sobre Género, Migración y Familia, propuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las organizaciones participantes en el conversatorio acordaron que las condiciones laborales de las mujeres migrantes trabajadoras deben abordarse de manera especial y destacaron la necesidad de generar políticas públicas eficaces y armonización legislativa para la integración económica, social y cultural de las personas repatriadas, que en ocasiones dejan lazos familiares en otros países.

Exhortaron a las autoridades competentes a promover y coadyuvar en las acciones de política pública para contar con una regulación migratoria con perspectiva de género y familia, respetuosa de la dignidad y los derechos humanos de toda persona, y destacaron que violencia de género, búsqueda de nuevas oportunidades laborales, pobreza, desequilibrio en prácticas culturales, cambio climático y conflictos sociales y políticos en sus países de origen provocan la migración de las mujeres.

Al término del conversatorio, Corzo Sosa dio lectura a la Declaración, en que las OSC subrayan la importancia de realizar censos adecuados de las personas que integran los flujos migratorios, como las “Caravanas Migrantes”, para atender diferencialmente los requerimientos de grupos poblacionales, y enfatizaron la necesidad de trabajar conjuntamente con los Organismos Públicos de Derechos Humanos y las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Reiteraron la necesidad de que sean respetados los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTTTI en migración, especialmente a la vida, integridad personal, igualdad y libertad, a una vida libre de violencia, a no ser sometida a la esclavitud ni a trata de personas, a la salud, al libre tránsito y residencia, a solicitar la condición de refugiado, a la identidad, a la unidad familiar, a la educación, al trabajo, al acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y al debido proceso, a la asistencia consular y a retornar a su país de origen cuando así lo deseen.

Gloria Davenport, activista e integrante del Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, dijo que parte de la comunidad LGBTTTI considera que la capital del país es el oasis de sus derechos humanos; sin embargo, de nada sirve venir a rectificar el acta de nacimiento para tener una identidad en papel si no se les da trabajo. Pidió a la CNDH comprometerse en incidir para que haya congruencia en las políticas migratorias internas, ya que se va a generar un núcleo de discriminación documentada porque no se respetan los derechos humanos de la diversidad sexual.

Ana Laura López, de la organización Deportados Unidos en la Lucha A.C., comentó que a pesar de que vivió muchos años como indocumentada en Estados Unidos, logró tener más derechos básicos que en México. Destacó que, a tres años de ser deportada, no sabe cómo ejercer la maternidad a distancia, y para reunificar a su familia requiere de trabajo que ya no consigue por su edad, así como una vivienda digna donde pueda convivir con sus hijos.

Elvia Lucía Ávalos, Directora de Estudios del Programa de Atención a Migrantes de la CNDH, señaló que la migración es un derecho y no debe verse como acto ilegal o excusa para violar la dignidad. Precisó que ha crecido el número de mujeres migrantes por la violencia de género y para reunificarse con sus familias.

A su vez, Enna Paloma Ayala Sierra, del Instituto Nacional para las Mujeres, demandó que la problemática se aborde con enfoques intercultural y transnacional para lograr la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres migrantes, en tanto que Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (INMUMI), destacó que aumentó la deportación masiva, que en 2017 llegó a 340,056 personas, a quienes se ayuda a sobrepasar el impacto de una separación, dándoles asesoría de cómo dejar cartas de custodia y demás documentos para no perder la patria potestad de los hijos.

Finalmente, en representación del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, A.C., Fabienne Venet Rebiffé, afirmó que las mujeres migrantes son mayormente empleadas que las no migrantes, por su necesidad y empeño, y porque muchas veces son contratadas en condiciones de desventaja en trabajos domésticos informales y no regulados. Aunque están “protegidas” por instrumentos internacionales, en la realidad hay gran déficit de cumplimiento de las leyes en su reclutamiento y contratación. Lamentó que México no haya ratificado el Convenio 189 de la OIT.