La detención del activista, programador y periodista australiano, naturalizado ecuatoriano y fundador del portal virtual de noticias WikiLeaks, Julian Assange, viene a recordar la lucha incesante que existe entre el poder oculto que propugna la sociedad política y el poder abierto que defiende la sociedad civil.
Dicho de otra manera, entre los gobernantes que actúan a la sombra, manipulan a la población y toman decisiones lejos de las miradas indiscretas de sus ciudadanos y entre los gobernados, quienes exigen información oportuna, buscan la verdad de las cosas, aspiran a consolidar una sociedad transparente y una democracia de calidad.
De no ser por la abierta conspiración que los países poderosos tramaron contra el periodista cibernético, a quien obligaron a asilarse durante siete años en la embajada ecuatoriana en Londres, éste habría podido obtener su libertad tras presentarse ante el juez, declarar y pagar la multa porque los presuntos delitos sexuales que se le imputaron fueron archivados por el gobierno sueco.
Se acercan momentos cruciales que podrían afectar irreversiblemente la libertad de expresión al interior de las democracias.
Los Estados Unidos piden la extradición del fundador de WikiLeaks para enfrentar cargos de traición y espionaje por la masiva filtración de cables diplomáticos e información clasificada.
Afirmar que el periodismo de investigación conspira contra la seguridad nacional quiere decir que la libertad y el derecho de los ciudadanos a “saber”, tiene límites estrictos. El peligro radica en que estas limitaciones contradicen la esencia misma de la libertad de expresión, que tiene una centralidad relevante para el sistema democrático.
Es su núcleo y representa el no impedimento del uso crítico de la razón con fines de interés colectivo.
La historia de todos los tiempos se caracteriza porque el poderoso busca siempre reducir los espacios de la libertad, mientras que los débiles luchan por expandirlos.
No obstante, la preocupación aumenta cuando se observa similar comportamiento político en otras latitudes —sin excluir a México— donde el poder busca intimidar a la prensa crítica depositaria de la libertad de informar. Recordemos que el debate público expresa lo social y que diversos estudiosos, como Richard Sennett o Jürguen Habermas, conciben la opinión pública como un producto del diálogo entre ciudadanos que integran estrategias comunes para influenciar las decisiones de las autoridades sobre cuestiones de interés colectivo.
Existe autonomía de la opinión pública respecto al poder porque representa formas siempre cambiantes de expresión colectiva, tiene orígenes en diversas esferas sociales y desempeña diferentes roles políticos.
La información inicia cuando el sujeto se apropia de ella, posteriormente el pensamiento ordinario se transforma en posiciones claras que propician la deliberación, y concluye cuando la acción ciudadana se hace necesaria a través del voto para promover medidas correctivas.
Existe una interdependencia entre las instituciones políticas y la opinión pública como fuente de autoridad social.
El sistema democrático necesita de la opinión pública para sobrevivir. Se requieren mutuamente. La democracia garantiza los derechos ciudadanos y en especial aquellos de expresarse libremente.
Ella desarrolla una conciencia colectiva capaz de participar, vigilar y expresar sus puntos de vista sobre los temas de interés general.
Es insustituible y por ello, debemos rechazar toda forma de censura defendiendo nuestra libertad de expresión. Julián Assange debe ser liberado reconociendo su contribución a la transparencia del poder. Su libertad es asunto de todos.
