Por: Carlos Gonzalo Blanco Rodríguez
.Este 2022, México ha registrado oficialmente la espeluznante cifra de 100,000 desaparecidos entre 1964 y 2022, el 97% de estas desapariciones se concentran en los últimos 16 años lo cual resulta revelador pues ni en los periodos más oscuros de los gobiernos autoritarios en México desaparecieron tantas personas como en la historia reciente.
Las cifras son una tragedia para innumerables familias, pero también es un reflejo de la descomposición de la sociedad mexicana y la violencia como una forma normalizada de convivir.
Diversas colectivas particularmente de mujeres desaparecidas han sido incansables en la búsqueda de sus desaparecidas, casos paradigmáticos como el Marisela Escobedo son prueba de ello, pero también demuestra que el Estado sigue fallando en su obligación de proteger a sus ciudadanos.
Hay miles de madres buscadoras de sus hijas e hijos que son ignoradas por los diferentes gobiernos y que incluso son asesinadas solo por buscarlos, nada más hay que pensar en el caso de la hoy asesinada Rosario Lilian Rodríguez quien fue secuestrada y asesinada por intentar rastrear la desaparición de su hijo este mismo año.
El reto no es de ahora es un problema de estructura social que seguramente se tardará en resolver, no obstante, me quedan las dudas de si los actuales caminos elegidos por las autoridades son los mejores. En noviembre del año pasado el Comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas levantó un informe respecto a la situación de las desapariciones en México. Entre otras cosas señaló que la situación es grave, aún no llegábamos a los 100,000 desaparecidos,
sin embargo, lo relevante de esto fueron las recomendaciones que le hicieron al gobierno de México para prevenirlas. Al Comité le preocupó el hecho del enfoque militarizado de la seguridad pública, recomendando en el número 48 del informe lo siguiente: “….el Comité insta al Estado a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública. La política pública de seguridad debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad, conforme al artículo 21 de la Constitución.
Por lo tanto, el Comité reitera su recomendación de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y requiere al Estado parte establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública” Y esta recomendación evidentemente no se cumplió porque el Congreso de la Unión ya otorgó el control total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Hacia donde nos dirigimos? Ya el mismo presidente en funciones lo decía como candidato: esa no es la vía. No obtendremos resultados diferentes si siguen haciendo las cosas como en los últimos 16 años. El tiempo lo dirá.
