La política social del actual gobierno tiene cuatro riesgos muy serios, que ya están presentes, “tanto para la política social con enfoque de derechos, como para la institucionalidad democrática” del país, plantea la organización de la sociedad civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) en Claroscuros: Posicionamiento y análisis de los cambios en la política frente a la pobreza. Los riesgos:
- Sustitución de programas de servicios por programas de transferencias. La entrega de transferencias no resuelve la garantía de servicios de calidad. Es el caso, entre otros, de las Estancias Infantiles. La reducción de cobertura, monto, supervisión, capacitación y evaluación contradicen el principio de progresividad en el ejercicio de los derechos sociales que contempla el Artículo 1 de la Constitución. Toda operación corrupta de un programa social debe ser sancionada de acuerdo a la ley, pero esto no justifica la eliminación de programas que promueven el ejercicio de derechos y tampoco afectar el interés de quienes son sus beneficiarios.
- Eliminación del modelo de corresponsabilidad y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil (OSC). La decisión del gobierno de cancelar “las convocatorias abiertas a OSC afecta acciones tan importantes con los refugios para mujeres víctimas de violencia, la atención de personas con VIH o cientos de proyectos de promoción y empoderamiento social realizadas por organizaciones civiles en zonas de mayor rezago y múltiples campos de especialidad”. Y sobre todo “elimina el modelo de participación social con corresponsabilidad que es un componente esencial de la gobernanza y de los principios de gobierno abierto, así como de las expresiones de democracia participativa”.
- Asignación discrecional y partidista de transferencias monetarias. El mayor de los riesgos de la actual política social “es la reconstrucción de redes de clientelismo político usando los beneficios de los nuevos programas sociales (…)”. No hay información y transparencia sobre el “censo” de beneficiarios que levanta el gobierno. Este levantamiento “viola múltiples disposiciones legales” y no cumple con los “requerimientos institucionales”. Se sabe que opera desde una estructura partidista y electoral.
- Cambios sin sustento técnico o estrategia clara. El desmantelamiento del programa Prospera elimina el componente de nutrición infantil y acciones preventivas de salud para toda la familia sobre todo en la etapa prenatal y primera infancia. El programa se sustituye por becas de educación básica que está demostrado carecen de impacto en la educación primaria. La eliminación del Seguro Popular y volver a centralizar los servicios de salud en el gobierno federal plantea muchas interrogantes. La cobertura universal de salud requiere una reforma institucional de gran envergadura y no puede reducirse a la recentralización de la atención de la salud.
Twitter: @RubenAguilar
