El presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Gustavo Sánchez Valle, señaló que México se ha convertido en el cuarto país más peligroso para los defensores ambientales frente a los intereses de empresas privadas.
Según con el informe anual 2018 de Global Witness, a nivel mundial los sectores privados que más promueven la criminalización de los sectores agroindustrial y minero y funcionarios gubernamentales son omisos en proteger los derechos de las comunidades o peor aún están pactando con las empresas, indicó Sánchez Valle.
Consideró que una de las acciones de emprender en materia preventiva es la ratificación e implementación del acuerdo de Escazú que se convierte en el primer tratado internacional, vinculante que obliga a los gobiernos a brindar protección a los defensores ambientales y de los territorios.
Planteó que el sector forestal requiere acciones e inversiones en diferentes ámbitos que contemplen el establecimiento de nuevas áreas forestales, el manejo y mantenimiento de las que ya existen tanto de bosque natural como de plantaciones. Así como otras enfocadas a la conservación de la biodiversidad forestal y la provisión de servicios ambientales y el impulso a redes y cadenas de valor que generen empleos y bienestar en el sector rural.
Sánchez Valle, recomendó la revisión y armonización de las políticas y programas de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura y Desarrollo Rural y de Bienestar.
