La aprobación en días pasados —por parte de los diputados— de una serie de reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación del mandato, ha generado un intenso debate en nuestra clase política. El aspecto central de la controversia radica en que dicho referéndum revocatorio se realizaría simultáneamente con las elecciones intermedias del 2021 para renovar a la Cámara de Diputados lo que afectaría la equidad de la contienda político-electoral. Otro aspecto de la discusión es que tales modificaciones al ordenamiento legal tienen como objetivo explícito: “que la ciudadanía decida la permanencia del titular del Poder Ejecutivo”, lo que algunos consideran abriría la puerta para una reelección indefinida del presidente de la República. No obstante, estas inquietudes podrían solventarse próximamente en el Senado incorporando algunas modificaciones respecto a sus tiempos de realización y estableciendo taxativamente la prohibición para la reelección presidencial.
En la historia de las instituciones y las doctrinas políticas un tema central está representado por la pregunta: ¿qué hacer para cambiar un mal gobernante? En el pasado la respuesta llegaba a través del concepto y la práctica de la revolución, al considerar que solamente por medio de insurrecciones era posible transformar un orden injusto y opresivo. En los modernos sistemas democráticos la violencia ha sido sustituida por la evaluación periódica de los gobernantes, incorporando a la normatividad diferentes instrumentos como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato. Este último, considerado un procedimiento mediante el cual es posible destituir a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido. La revocación del mandato aparece como una alternativa democrática a las revoluciones políticas. Revocar quiere decir dejar sin efecto un encargo o una representación.
Paulatinamente, la discusión se ha trasladado del ámbito académico al espacio político y social por la mayor legitimidad que implica que sea el cuerpo electoral quien decide sobre la remoción de un mandatario. El referéndum revocatorio implica un proceso de participación directa para la restitución al ciudadano de sus originarios poderes de decisión. Un mandato para gobernar es revocado cuando las autoridades se manifiestan incapaces para satisfacer las expectativas de la mayoría de la población. En consecuencia, se ha desarrollado un creciente interés por esta herramienta democrática. En la práctica, existen dos procesos para la remoción de los gobernantes: el juicio político y el referéndum revocatorio. En el primero, sólo participan los parlamentarios porque es el Poder Legislativo quien coloca bajo proceso al Poder Ejecutivo buscando su inhabilitación. Es una acción judicial desarrollada por un órgano político, como lo es el Congreso, lo que exige las garantías del debido proceso. Por su parte, el referéndum revocatorio representa un instrumento de participación a través de una consulta directa sobre la permanencia de los gobernantes. Se trata de diferentes procedimientos de destitución que tienen el resultado de separar del poder, de manera pacífica, a quien lo ostenta. La revocación del mandato no gusta a los políticos de profesión y esto explicaría su escaso reconocimiento normativo, así como las restricciones y limitaciones que existen para su ejercicio. No tiremos al niño con el agua sucia. Nuestra realidad política no puede presentarse únicamente en blanco y negro. Incorporar esta figura en la ley, con las adecuaciones propuestas, representaría una conquista en materia de derechos políticos del ciudadano.
