- Al hablar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, Luis Raúl González Pérez, destacó la necesidad de que el Gobierno federal tienda puentes hacia la sociedad civil, academia, organismos de derechos humanos y víctimas
El Ombudsperson nacional mexicano, Luis Raúl González Pérez, expresó ante los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la necesidad de que México consolide su institucionalidad democrática mediante la preservación del sistema constitucional de pesos y contrapesos, y fortalezca para ello la profesionalización del servicio público, al tiempo que subrayó la necesidad de que se respete el disenso y se superen los discursos que polarizan a la población.
“Se deben tender puentes hacia la sociedad civil, la academia, los organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de derechos humanos, así como con las víctimas, que requieren ser escuchadas y atendidas. Solo con el respeto y vigencia de los derechos humanos serán posibles las transformaciones que México demanda”, aseguró.
Al hablar en el 40º Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con motivo de la Adopción del Resultado del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal a México, exhortó al Gobierno mexicano a establecer medidas que garanticen la implementación de todas las recomendaciones aceptadas y de las 3,200 recibidas de diversas instancias internacionales, y expresó que un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos ofrece una gran oportunidad para ello.
Tras señalar que el Congreso mexicano aprobara un dictamen de reforma constitucional estableciendo un mando civil para la Guardia Nacional, así como un plazo de cinco años para la salida de las Fuerzas Armadas de las tareas vinculadas con la seguridad pública, puntualizó que es preciso que las leyes reglamentarias no propicien que su influencia se expanda a otros ámbitos ajenos a los que les son propios y que su conducta tenga siempre como parámetro el respeto a los derechos humanos. La seguridad, afirmó, requiere un enfoque integral, no solo medidas reactivas sustentadas en el uso de la fuerza, de ahí que el tema “Justicia, Seguridad y Estado de Derecho” haya motivado múltiples recomendaciones dirigidas a México, lo que es motivo de preocupación.
González Pérez enfatizó que es fundamental garantizar la plena independencia de las 33 Fiscalías de Justicia del país para que los delitos efectivamente se investiguen y la ley se aplique. Señaló que los índices de impunidad son inaceptables y su existencia incentiva que continúen los casos de desaparición, las agresiones contra mujeres, personas defensoras y periodistas.
Ante ello, el Ombudsperson mexicano también expresó su preocupación por las recientes decisiones del Gobierno federal que pueden afectar los derechos de las mujeres, niñas y niños, así como de las personas con discapacidad, ya que la desaparición de la instancia de su protección contravendría las obligaciones del país con la convención en la materia. Puntualizó que debe trascenderse la visión asistencialista para implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos que hagan que tales prerrogativas puedan ser vigentes y las necesidades de las personas se atiendan.
