Urge Fuerza Migrante a no caer en la ambiguedad en las iniciativas de intervención extranjera y nulidad electoral
Por: Daniel Lee
Llama a abrir un proceso amplio de diálogo técnico, jurídico que precise alcances normativos
Este fin de semana la organización binacional #FuerzaMigrante hizo un llamado urgente al Poder Legislativo y a otros actores políticos de nuestro país ante las iniciativas relacionadas con nulidad electoral e intervención extranjera.
Advierte el riesgo de utilizar el discurso de la soberanía nacional como pretexto para limitar derechos políticos de millones de connacionales que viven fuera del país
La binacional pone el foco en una de las contradicciones más profundas y peligrosas del actual debate político mexicano porque el verdadero riesgo democrático aparece cuando conceptos jurídicos mal definidos permiten perseguir selectivamente la participación ciudadana incómoda.
La organización reconoce la necesidad de proteger la soberanía nacional y fortalecer mecanismos contra la manipulación electoral.
En un comunicado acara: Nadie está cuestionando eso. Lo que sí cuestiona —y con razón— es la peligrosa vaguedad con la que podrían redactarse ciertas normas que permitan interpretaciones discrecionales contra ciudadanos mexicanos residentes en el exterior.
“Nos preocupa que algunas definiciones contenidas en las propuestas legislativas puedan generar interpretaciones excesivamente amplias o ambiguas respecto a:
• nuestras organizaciones binacionales;
• mecanismos de participación comunitaria;
• espacios académicos internacionales;
• observación electoral;
• redes digitales de información;
• foros públicos;
• cooperación internacional;
• y procesos de articulación social impulsados por mexicanos residentes en el exterior”
#FuerzaMigrante es enfática: Bajo el argumento de proteger la integridad electoral y evitar injerencias externas, distintas propuestas legislativas ya han comenzado a abrir una puerta sumamente delicada: construir definiciones ambiguas sobre “intervención extranjera” que podrían terminar criminalizando o colocando bajo sospecha la participación política, social y comunitaria de mexicanos radicados en Estados Unidos.
Y ahí es donde Fuerza Migrante levanta esa advertencia que el Estado mexicano no puede ignorar.
Una cosa es combatir operaciones de desinformación financiadas desde gobiernos extranjeros, campañas digitales ilegales o mecanismos de manipulación electoral; y otra muy distinta es intentar meter en el mismo saco a organizaciones de migrantes, redes comunitarias, espacios académicos, observadores electorales o plataformas de participación binacional construidas por mexicanos que, aunque viven fuera del territorio nacional, siguen siendo ciudadanos plenos de este país.
Es preocupante que en pleno siglo XXI todavía existan sectores políticos incapaces de entender que la nación mexicana no termina en la frontera norte.
Millones de mexicanos sostienen la economía nacional mediante remesas, mantienen vínculos culturales y familiares permanentes, participan en procesos electorales y continúan formando parte activa de la vida pública nacional. Sin embargo, cuando esos mismos ciudadanos intentan organizarse, opinar o incidir políticamente, inmediatamente aparecen voces que buscan tratarlos como agentes externos o potenciales amenazas.
Ese enfoque no solamente es injusto, es hipócrita.
Por décadas y aun en el presente los gobiernos mexicanos presumen el valor económico y social de la comunidad migrante cuando conviene políticamente hablar de remesas o del “orgullo paisano”. Pero ahora, cuando los mexicanos en el extranjero comienzan a consolidar estructuras de representación más visibles y con mayor capacidad de incidencia pública, algunos actores pretenden encender alertas sobre supuestas interferencias extranjeras.
Hoy podría utilizarse contra organizaciones migrantes; mañana contra periodistas; después contra universidades, plataformas digitales o asociaciones civiles. Así comienzan muchas regresiones democráticas: bajo discursos patrióticos aparentemente legítimos que terminan debilitando derechos fundamentales.
México no puede darse el lujo de convertir a su diáspora en sospechosa permanente.
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