Crisis en ONG impacta servicios básicos de millones de mexicanos
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¿Cómo afecta el retiro de estatus fiscal a la labor social?
El ecosistema de las organizaciones de la sociedad civil en México enfrenta un panorama de “asfixia financiera” tras las recientes determinaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al inicio de 2026, la autoridad fiscal retiró la autorización como donatarias a 57 instituciones, impidiéndoles emitir recibos deducibles de impuestos. Esta medida no solo compromete la administración interna de las ONG, sino que pone en riesgo la continuidad de servicios críticos para poblaciones en pobreza extrema, mujeres con diagnóstico de cáncer y menores con dificultades de aprendizaje.
El peso de las asociaciones en la salud y la educación
¿Cuál es el alcance real de estas instituciones en la población?
De acuerdo con datos procesados por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), el impacto de estas organizaciones es masivo y suple vacíos que el Estado no alcanza a cubrir. Actualmente, las ONG brindan atención médica a una de cada tres personas en el país, lo que equivale a 44.5 millones de ciudadanos. En el ámbito educativo, su intervención es vital para mitigar el rezago de 24.2 millones de individuos, una cifra que refleja la magnitud de la dependencia social hacia estos modelos de participación ciudadana.
Por otro lado, el sector no solo cumple una función humanitaria, sino que representa un pilar de la economía nacional. En 2024, las instituciones sin fines de lucro aportaron el 1.82% del Producto Interno Bruto (PIB) y generaron empleo formal para más de 833 mil personas. Especialistas y académicos de la UNAM advierten que el debilitamiento de este sector desincentiva la corresponsabilidad social y rompe redes de apoyo comunitario que han tardado décadas en consolidarse, especialmente en territorios donde la política pública es limitada o inexistente.
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Riesgos de vulnerabilidad y falta de incentivos
Finalmente, la pérdida de financiamiento para organizaciones pequeñas y comunitarias amenaza con dejar fuera de la red de apoyo a los sectores más desprotegidos. Casos como el de la institución Reintegra demuestran que incluso las pausas temporales en la autorización fiscal generan “baches” económicos difíciles de revertir. Sin incentivos fiscales claros, las donaciones de empresas y particulares disminuyen drásticamente, lo que reconfigura el acceso a la ayuda social y aumenta problemáticas como la inseguridad alimentaria y la falta de prevención en salud.
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