Enrique Vargas presenta iniciativa para agravar penas por venta y transportación ilegal de pirotecnia
Enrique Vargas presenta iniciativa para agravar penas por venta y transportación ilegal de pirotecnia.
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¿Qué cambios plantea la iniciativa?
El vicecoordinador de los senadores del PAN, Enrique Vargas del Villar, presentó una propuesta para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con el objetivo de agravar las penas por la venta y transportación ilegal de pirotecnia.
El legislador argumentó que, aunque la actividad pirotécnica forma parte de tradiciones culturales en diversas regiones del país, su comercialización y manejo sin permisos oficiales representa un riesgo para la seguridad pública. Por ello, la iniciativa establece como agravante aquellas conductas que pongan en peligro a terceros, se realicen en zonas urbanas o impliquen reincidencia.
Vargas del Villar señaló que en México operan alrededor de 40 mil negocios clandestinos relacionados con la pirotecnia, mientras que solo cerca de dos mil cuentan con autorización vigente de la Secretaría de la Defensa Nacional. A su juicio, esta disparidad facilita accidentes y daños materiales, además de afectar la integridad de personas, en particular de niñas, niños y adolescentes.
¿Cuáles serían las nuevas sanciones?
La propuesta contempla penas de cuatro a seis años de prisión y multas de entre 10 y 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes fabriquen, vendan, transporten, almacenen o comercialicen materiales pirotécnicos sin permiso correspondiente.
Asimismo, la iniciativa prohíbe el uso de cualquier medio de transporte motorizado o ferroviario para trasladar estos productos sin licencia emitida por la autoridad competente. También incorpora obligaciones específicas para quienes almacenen artificios sujetos a control oficial.
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Enfoque en prevención y legalidad
El senador afirmó que la legislación vigente no establece agravantes claras ni sanciones proporcionales al riesgo social que implica la actividad clandestina. En consecuencia, consideró necesario actualizar el marco normativo con un enfoque de gestión integral de riesgos y fortalecimiento del Estado de derecho.
Vargas del Villar puntualizó que la reforma no busca criminalizar las prácticas tradicionales realizadas bajo supervisión legal. En cambio, pretende diferenciar entre actividades reguladas y comercio ilícito.
La iniciativa se turnó a comisiones para su análisis y eventual dictaminación en el Senado.
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